En un país donde las violaciones a los derechos humanos son una constante, la llegada de un nuevo magistrado de conciencia debería refrendar el interés de este funcionario por la defensa irrestricta de los derechos constitucionales de los guatemaltecos. Ese debería ser el norte del abogado José Alejandro Córdova, recién estrenado procurador de los Derechos Humanos, luego de que finalizara la gestión de Jordán Rodas Andrade. Si bien cuenta con el beneficio de la duda, es importante que demuestre que no llega a esa dependencia supeditado a los intereses de la alianza oficialista que lo apoyó. En la medida en que el Estado de Guatemala es el garante de la vigencia de los derechos humanos, los agentes estatales son los que cometen la violación de tales derechos. En ese sentido, se podrá definir la independencia del nuevo procurador en función de que responda a los intereses de las víctimas y no de las autoridades de turno.

Por supuesto que es necesario que Córdova se asiente en su nuevo cargo y ponga en orden sus prioridades. Debido a que ya fue jefe de la Unidad de Investigaciones de la PDH, conoce las interioridades de la institución y, por lo mismo, sabe cuáles son sus responsabilidades. Uno de los casos que no puede soslayar es la defensa de la ciudadanía frente a la recién aprobada Ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia, que lesiona gravemente el derecho a la libre emisión del pensamiento, garantizada por la Constitución. Una normativa necesaria para combatir la ciberdelincuencia fue utilizada por los diputados para introducir una mordaza a la crítica en las redes sociales. De esa manera se puede perseguir a cualquier persona con el simple hecho de que comparta un video, un audio o un texto con críticas hacia algún político o funcionario. El papel del procurador debe ser la exigencia de que se vete esa aberración de ley.

De igual manera, el magistrado de conciencia debe pronunciarse sobre la insistencia de algunos diputados por aprobar la propuesta 6076, Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala. Esa iniciativa es una expresión fascista que trata de limitar el derecho a la reunión y manifestación pública, contemplado en el artículo 33 constitucional, en el que se señala que no podrá ser restringido, disminuido o coartado. Pese a que los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán recibieron el pasado martes un documento en el que directivos del Congreso se comprometieron a archivar esa iniciativa, se sabe que varios legisladores oficialistas insisten en volver a agendarla para su aprobación. La misma presidenta del Congreso, Shirley Rivera, se ha prestado a ese juego, con lo cual demuestra que la alianza oficialista está empeñada en la restricción de los derechos constitucionales.

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos dio a conocer que durante la gestión de Alejandro Giammattei se han registrado más de dos mil agresiones contra defensores humanitarios, lo cual no puede ser pasado por alto por el nuevo procurador. Tampoco puede obviar la grave situación que afrontan Jose Rubén Zamora y Flora Silva, presidente y directora financiera de elPeriódico, respectivamente, a quienes les han fabricado delitos, pero que en el fondo se sabe que se trata de una acción contra la libertad de prensa. Tampoco puede cerrar los ojos ante la situación que afronta la auxiliar fiscal Samari Gómez, víctima de la criminalización por parte de Consuelo Porras. Haber llegado a dirigir la PDH representa un compromiso como defensor del pueblo y no como una extensión de los intereses de quienes detentan el poder. Es fundamental que Córdova actúe con absoluta independencia de quienes lo eligieron porque su compromiso no está con ellos, sino con la defensa de los derechos humanos.