Ángel y Álvaro Pérez-Maura son dos empresarios navieros en España. Ángel fue quién negoció con el binomio Pérez Molina y Baldetti, supuestamente a través de Juan Carlos Monzón, la adjudicación a su empresa para la administración del Puerto Quetzal, a cambio de coimas que superan los US$24 millones.
Junto a los Pérez-Maura fue detenido en 2019, Adrían de la Joya y otras dos personas más. Todos recobraron su libertad ese mismo año luego del pago de fianza de hasta 750 mil euros. La Fiscalía Anticorrupción de España sospechaba que los sobornos a los exmandatarios de Guatemala tendrían como fin conseguir la licitación del Puerto Quetzal, por lo que se les imputó los delitos de falsedad, cohecho y encubrimiento.
Ángel Pérez-Maura es requerido por Guatemala en el caso TCQ, pero por ser ciudadano español se negó la extradición en 2018. Un año después se abrió una causa penal en España en las que se le involucró al instructor judicial José Manuel Villarejo, a quién Ángel Pérez-Maura habría pagado unos 7.5 millones de euros a cambio de no autorizar su extradición.
La Audiencia Española siguió con la investigación en España y para el 2021 ya formaban la tesis de que existió “un pacto de apoyo económico” de US$1 millón pagados por los Pérez-Maura a Jose Suárez Messeguer para no ser involucrados en el caso de TCQ y borrar cualquier vínculo con los exmandatarios guatemaltecos.
Suáres Messeguer habría actuado como enlace del Grupo Maritim Terminal de Contenedores de Barcelona, empresa que había conseguido la instalación y explotación de una terminal privada de contenedores en Puerto Quetzal, a través de sobornos supuestamente.
De acuerdo con la tesis de la fiscalía española, mientras Suárez Messeguer guardaba prisión en Guatemala, ligado al caso TCQ, los Pérez-Maura habrían hecho los pagos a cuentas en Bulgaria.
Actualmente la Audiencia Nacional Española lleva el caso, denominado Tadem, es una macrocausa que incluye otras menores, entre ellas la denominada PIT, que se refiere a un agente encubierto que habría abierto otra línea de investigación en la que se involucra al exembajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorria.
PIT, el agente encubierto que consta en la microcausa, habría contado con la ayuda económica del empresario De la Joya, para impulsar la presidencia de Guatemala de Ligorría y que éste a su vez interviniera a favor de Ángel Pérez-Maura. Se trató de establecer un contacto con el exembajador pero el número de teléfono obtenido no recibe llamadas.
En esta causa, el agente encubierto señaló, de acuerdo con la versión publicada por el diario español La Información, que el “negocio” se cerró en una reunión en Nueva York, Estados Unidos, donde participó Paul Manafort, exjefe de campaña del expresidente Donald Trump, que según el medio el Periódico de España, en unos chats escritos entre el empresario De la Joya y Enrique Maestre Cavana, revelan que en el pago a Villarejo, quien evitó la extradición de Pérez-Maura, se involucró a Manafort, ya que si ganaba las elecciones Trump en 2016, este influiría en las autoridades de Estados Unidos para poder apartar al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, que era quien acusaba a los Pérez-Maura.
Hasta el año pasado, la causa en España, a cargo del Juez García Castellón, se enfocó en rastrear unos 30 millones de euros que se habrían pagado en sobornos en Guatemala, entre 2012 y 2015. Para el efecto ya han solicitado a Guatemala información del caso TCQ, la cual está pendiente de ser recibida en el país europeo, según informó el medio de comunicación La Razón, en una nota periodística.
El medio detalla que también se acordó citar a William Anthony Schawank, otro de los empresarios españoles que trabajó de la mano con el ex interventor de la Empresa Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, ya que pueden aparecer nuevos datos para avanzar en la investigación. En la nota se lee que Schawank, quien está en prisión provisional desde el pasado 24 de febrero en Cataluña, España, determinaría cómo fue que se “ejecutaron las mordidas”
La justicia española indaga si los hermanos Pérez-Maura cometieron el delito de cohecho internacional, esto por haber pagado dicha cantidad para quedarse con el proyecto de la construcción del puerto.
De acuerdo con el medio español Libertad Digital, Pérez Maura, reprochó al juez que lleva el caso del agente encubierto que dio datos nuevos en relación de cómo Villarejo favoreció al naviero español para no ser extraditado. El medio de comunicación agrega que el Juzgado Central de Instrucción No. 6 de la Audiencia Nacional prorrogó por un período de seis meses (enero 2023) la investigación del caso PIT y también solicitó la presencia del ex fiscal general del Estado, Dolores Delgado, como perjudicado en este caso.
