No hay mucho en qué perderse en la defensa de los derechos humanos, a menos, claro, que se tengan conflictos de interés, condicionamientos o agendas prefabricadas. A lo largo de las tres décadas y media de la existencia de la Procuraduría de Derechos Humanos se han sucedido todo tipo de administraciones, con más o menos aciertos, omisiones atribuibles al error y también, en algunos casos, a enfoques equivocados de la razón de ser de la institución.

Pese a ello, con cada nuevo titular de la Procuraduría se abren expectativas de una mejora en el cumplimiento de la misión de un ombudsman: un magistrado de conciencia cuya designación en el Congreso puede depender de variables diversas como la composición política del pleno, los nexos previos en su carrera de abogacía y, por supuesto, formación profesional, trayectoria institucional y la propia personalidad.

Es intensa la polémica acerca del papel desempeñado por el ahora exprocurador Jordán Rodas. Para unos fue prácticamente un personaje satánico y para otros un defensor valiente de causas muy poco agradables para grupos recalcitrantes. En ciertos casos es posible identificar falta de acción más enfática en la reivindicación de garantías por igual, pero también debe reconocerse su defensa del libre acceso a la información pública, su reclamo constante de atención a la salud y a la lucha contra la desnutrición y sus denuncias de abusos policiales contra ciudadanos. Rodas salió del país por vía terrestre y con ello desató un nuevo cruce de opiniones entre detractores y simpatizantes: algunos lo señalan de ser prófugo, y otros de poner en resguardo su integridad física. La historia exhibe que la PDH deja siempre más amigos y más enemigos.

El caso es que ya se encuentra en funciones el nuevo titular de la PDH, abogado José Alejandro Córdova, quien comienza su reto frente a la historia en defensa de las garantías constitucionales de todos los guatemaltecos, un compromiso que precisa de convicción, constante escrutinio de la realidad del Estado y fluida interacción con sus pares de otras naciones y organismos internacionales de la materia.

Córdova posee en este momento todo el beneficio de la duda, pues se trata de un profesional del Derecho que no solo ya trabajó en la PDH como jefe de investigaciones, sino que se ha desempeñado en cargos vinculados con la protección de garantías y se había postulado anteriormente para el cargo. Precisamente por eso resulta desafortunada su confusa declaración respecto del polémico decreto 60-76, que avala un mayor uso de fuerza de la PNC, el Ejército y otros cuerpos de seguridad del Estado en contra de la ciudadanía.

Quizá se trató de la emoción del momento. Tal vez no esperaba esa pregunta y puede haber otros atenuantes. Sin embargo, desde su nombramiento oficial en el Congreso tuvo semanas para ponerse al día en los temas de DD. HH. que más impactan en la ciudadanía. Aunque forma parte del Estado, es el defensor del pueblo y cualquier ambivalencia o titubeo puede leerse como fidelidad subyacente hacia quienes lo eligieron. La cuestionada Ley contra Ciberdelitos, que aún está en el Congreso y cuyo archivo se ha pedido con insistencia, a causa de sus peligrosas ambigüedades en materia de libertad de expresión, es otro de los temas que deberá abordar el procurador Córdova. Y no con jergas jurídicas o posturas anfibológicas, sino con una declaración firme, elocuente y asertiva acerca de las inconstitucionalidades que contiene.