A pesar de que sectores sociales demandan que esas leyes sean archivadas, tras la suspensión de la plenaria, los diputados vuelven a dejar las cosas en las mismas condiciones, lo que significa que en cualquier momento, por un lado, la iniciativa 6076 es enviada a la CC, y por el otro, el decreto 39-2022, conocido como la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, podría ser remitido al Ejecutivo para que sea sancionado y cobre vigencia.
Desde el principio se notó la falta de interés de los parlamentarios por entrar en discusión respecto a las dos leyes, las cuales han generado reacciones adversas en distintos sectores de la sociedad por considerar que ambas poseen inconstitucionalidades y que atentan contra los derechos humanos, pues a la hora de la convocatoria solo había en el hemiciclo 35 diputados.
De acuerdo con la agenda aprobada el martes pasado por los jefes de bloque, el pleno debía discutir si pide a la Corte de Constitucionalidad (CC) una opinión sobre la iniciativa 6076; además, debían definir si archivaba o no la Ley contra la ciberdelincuencia, debido a las objeciones hechas por la oposición.
El diputado de la UNE, Edwin Lux, solicitó que la iniciativa 6076 no se envíe a la CC, pues “eso es seguir dándole vida, y la voluntad del pueblo ya se mostró en contra”.
Además, el diputado Mariano Soch, también de la UNE, solicitó que se archive la Ley contra la ciberdelincuencia. “Están viendo cómo callar la boca a los medios y en las redes”, añadió.
Varios sectores sociales le exigen al presidente Alejandro Giammattei que vete esa ley, por considerar que vulnera la libertad de expresión.
Justifica la ley
Shirley Rivera, presidenta del Congreso, justificó que respecto a la iniciativa 6076, que regula el uso de la fuerza pública, hay una parte de la población que les exige que se actúen al respecto, razón por la cual consideran necesario remitirla a la CC.
“Así estamos procediendo porque la recomendación de nuestro Departamento Jurídico es que lo enviamos a consulta a la CC. Hay una gran parte de la población que también está pidiendo que actuemos en defensa del patrimonio nacional; por ejemplo, y en defensa de vidas que han sido afectadas en las manifestaciones. Acá no se está vedando ningún derecho a manifestar, acá lo que se pretende es que los policías en un momento dado puedan defenderse”, señaló Rivera.
Añadió que todos los países deben tener un orden y que hay vándalos que se introducen en las protestas y que estos dañan a todos los guatemaltecos.
“En cualquier iniciativa de ley se puede presentar enmiendas, cualquier diputado que no esté de acuerdo cómo está planteada una iniciativa presenta una enmienda y la sometemos a votación”, agregó la parlamentaria.
Rivera agregó que “mi palabra fue que íbamos a llevarla a jefes de bloque, ayer ustedes vieron que estuvo agendado en jefe de bloque y ningún se pronunció y hoy estaba agendada en el orden del día”.
Respecto a los ofrecimientos hecho a los 48 Cantones, Rivera aseguran que cumple con su palabra de enviarla a consultas necesarias, de acuerdo con las inconstitucionalidades que ellos señalan.
Les niegan el acceso
Mientras los diputados intentaban discutir el futuro de dichas leyes, representantes de los 48 Cantones de Totonicapán, que exigen que la iniciativa 6076 se archivada, no lograron ingresar al área de visitas del Congreso, debido a que trabajadores de ese organismo se los impidieron.
De acuerdo con los líderes indígenas, los trabajadores del Congreso que les impidieron el acceso les informaron que para poder pasar debían enviar una nota a la Presidencia del Congreso.
Luego de la negativa para entrar al palco de visitas, las autoridades indígenas ingresaron al palco de prensa, pero minutos después, personal del Congreso los trasladó al palco de diplomáticos, donde hablaron con la presidenta Shirley Rivera.
La junta directiva del Concejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán publicó este miércoles un comunicado en el que exige que la iniciativa 6076, que daría vida a la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, no sea enviada a la Corte de Constitucionalidad (CC) para que imita opinión respecto a posibles inconstitucionalidades y que en la sesión plenaria el Congreso de la República los diputados voten para que se desconozca inmediatamente, se elimine y se impruebe de una vez por todas.
Añaden que el 11 de agosto pasado la junta directiva del 48 Cantones y las Cinco Juntas, en representación del pueblo de Totonicapán, presentaron un oficio a Rivera, en el que manifestaron su “repudio y rechazo total” a la iniciativa de ley 6076, ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala.
La iniciativa
El martes 9 de agosto, el Congreso de la República dio el primer paso para aprobar la iniciativa de ley 6076, denominada Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército, la cual regula el uso de la fuerza pública. La propuesta fue tramitada en su primer debate y le restan dos lecturas más para que sea aprobada.
La propuesta de ley regula el uso de la fuerza pública de “forma proporcional” y además concede medidas sustitutivas a los elementos de las fuerzas públicas que resulten involucrados en el legítimo uso de sus funciones.
Ciberdelincuencia
El Congreso de la República aprobó el 4 de agosto pasado el Decreto 39 – 2022, Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia, cuyo objetivo expuesto por los diputados ponentes fue de proteger integralmente a las personas, sus bienes y derechos, relativo a los sistemas que utilicen tecnologías de la información.
Sin embargo, varios sectores de la sociedad civil, agrupaciones de periodismo y medios de comunicación se han pronunciado contra la aprobación, pues señalan que podría servir como herramienta legal con fines represivos, ante la publicación de imágenes de sátira o información sobre funcionarios y políticos.
Por esa razón, piden que sea vetada cuando la conozca el presidente Alejandro Giammattei y que sea archivada.
El 11 de agosto, fue publicado un comunicado firmado por: la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, Cámara de Locutores Profesionales, Cronistas Deportivos de Guatemala y la Asociación de Mujeres Periodistas y Escritoras de Guatemala, en el que rechazan la aprobación.
El Decreto 39 – 2022 “atenta contra la libertad de expresión, promueve la censura y podría criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones de medios y ciudadanía en general”, se indica.
Las entidades de prensa añaden que “muchos” de los artículos de la ley contradicen a la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Emisión de Pensamiento.
También indican que, con la aprobación de la normativa, se deja a criterio de jueces imponer sanciones a quienes critiquen a funcionarios.
