Carlos Vásquez, vocero de la Diaco, informó que se han activado 75 denuncias en contra de establecimientos educativos por distintos inconvenientes como denuncia de mala atención, retener papelería, o no permitir a los estudiantes a someterse a evaluaciones, debido a que los padres tienen algunas cuotas pendientes de pago y por ello activaron la Mesa de Educación para tratar este tema.
Afirmó que la viceministra de Educación, Vilma León, es quien coordina esta mesa y que para los próximos días se tienen contempladas dos acciones para evitar cobros ilegales en los establecimientos.
El primero es supervisar y garantizar que no hayan cobros indebidos en las graduaciones que están próximas, pues cada año entre 68 mil y 72 mil estudiantes se gradúan de educación media, pero que como parte de las celebraciones algunos centros educativos exigen compra de algún uniforme, pero eso no es obligatorio.
Vásquez refirió que si en el país se diera algún tipo de anomalías o malas prácticas la Diaco debe evitarlo.
La otra línea de trabajo que pondrá en marcha la Diaco en estos días es no permitir que se obligue a los padres de familia a comprar uniformes extraescolares para las actividades del 15 de Septiembre, tanto cívicas como culturales.
Vásquez expresó que si bien hay que celebrar la independencia, no debe incurrirse en gastos, y menos si son cobros obligatorios que el Ministerio de Educación no ha autorizado.
“Diaco no va a permitir -estos cobros- toda vez que es el garante de los estudiantes y padres de familia como usuarios de la educación privada y que no caigan en ese juego de andar gastando innecesariamente”, dijo Vásquez.
Quejas
Vásquez reconoció que de las 75 quejas activadas en la Diaco contra centros educativos, no se han dado por compra de uniformes, sino por malas atenciones, retener papelería, no permitir a los estudiantes a que se sometan a exámenes, pues no están al día de una o dos mensualidades y eso no es legal.
Afirmó que estos casos pueden conciliarse y que la apuesta de Diaco es eso, porque la educación de los niños es un derecho y no tienen que pagar las consecuencias por un conflicto económico que tengan sus padres con los centros educativos.
Afirmó que Diaco ha supervisado constantemente, ha sancionado y seguirá sancionando si encuentra evidencia que hay anomalías o cobros indebidos en los centros educativos.
Reconoció que este 2022 las denuncias contras los establecimientos bajó considerablemente, y que fue en 2020 y 2021 cuando más denuncia hubo, sobre todo de cobros indebidos que hubo que recuperar.
“Afortunadamente el 75% de las quejas se han logrado conciliar, se ha llegado a acuerdos, para la devolución de dinero mientras que el 25% todavía está en proceso y se espera que se solucionen de muto acuerdo, pues el objetivo de Diaco es tratar de resarcirle los derechos a los padres de familia y no necesariamente imponer sanciones”, concluyó Vásquez.
