La batalla para rescatar la ahora atacada a mansalva libre emisión del pensamiento debe ser vista desde un lugar panorámico por los miles de guatemaltecos integrantes del gran jurado ciudadano cuya tarea es juzgar más profundamente en una forma más profunda a la garantizada por la Constitución. Es necesario descubrir los objetivos, planes, estrategias y tácticas. Una vez logrado eso, es fácil comprender la concatenación de acciones en apariencia no relacionadas. El gran objetivo es perpetuarse en el poder y terminar con toda muestra de disidencia en todos los campos y hacerlo desde el Congreso, las Cortes Suprema y de Constitucionalidad, el Tribunal Electoral y el Ministerio Público.

Los antecedentes son claros: la sugerencia de permitir la represión a tiros de las manifestaciones, “cuando se tornen violentas”, la fusión entre las fuerzas militares y las policiales, de objetivos distintos. Esta semana el Congreso aprobó a rajatablas la pomposamente bautizada “Ley de Prevención contra la Ciberdelincuencia”, largo mamotreto legal cuyas 30 páginas y 44 artículos muy mal redactados esconden violaciones a los derechos constitucionales y delatan el trabajo de abogados comprometidos. Como todo instrumento pseudolegal con intenciones evidentes, se le bautiza con nombre engañoso. Una cosa es defender al ciudadano de la ciberdelincuencia y otra muy distinta aceptar la forma propuesta para hacerlo. Es una de las miles de cabezas del dragón.

Otra clara muestra de la verdadera intención de la ley es la amenaza de multas y cárcel para quienes opinen, reproduzcan memes y frases supuestamente ofensivas para los políticos, nadie más, y su insistencia en la vida privada de ellos. Serán necesarios miles de espías electrónicos. Las acciones de todo ciudadano pueden ser privadas o íntimas, según ocurran en la calle, la casa o el dormitorio. Cuando los políticos las mezclan y las personas cercanas reciben dinero público, por contrato o por sus relaciones íntimas, esta ruptura potencializa el tema y se vuelve de interés público, debido al mal uso de los impuestos, y entra en el campo de la legítima y necesaria investigación periodística. Los diputados quieren impedir a toda costa publicaciones comprometedoras.

La táctica contra la libertad de expresión consiste en asustar a la ciudadanía para expresarse libremente, y el primer paso lo constituye silenciar a los críticos más notorios, es decir periodistas y columnistas. La acción debe envolverse con violencia y eso lo comprueba la forma como agentes encubiertos penetraron en la casa de Jose Rubén Zamora, la cantidad intimidante de policías utilizados para apresarlo y trasladarlo a la torre de tribunales, las condiciones inhumanas de la bartolina infestada de insectos a donde fue llevado. La congelación de las cuentas de elPeriódico demostró la mentira de todo estar relacionado con actividades empresariales, pero lleva una amenaza velada contra cualquier actividad del sector privado del país. Carambola, según el oficialismo.

Se ha pedido a Giammattei vetar esta ley. Imposible: la ordenó para proteger a politiqueros, incluidos él y su círculo íntimo. Será simple letra muerta el anunciado respeto a una libertad garantizada constitucionalmente y por los tratados internacionales firmados por Guatemala. Mientras, Zamora, personificación de las víctimas de este plan dictatorial, seguirá enfrentándose al no confiable sistema legal y a jueces comprometidos. Lo mantendrán como preso político hasta donde puedan, gracias a abusar y estirar plazos para lograr, por ejemplo, el comienzo del juicio hasta el año entrante. Quien con todas estas evidencias no ve las verdaderas intenciones dictatoriales, no quiere, no le conviene, o es cómplice. Pero juega con fuego al apostar a la apatía ciudadana.