La APG advirtió de que con dichas normativas el Congreso “pretende criminalizar las publicaciones periodísticas y las críticas en plataformas digitales, como también promover el uso indiscriminado de fuerza letal en manifestaciones ciudadanas”.
Agregó que, a su criterio, las leyes están dirigidas a menoscabar las libertades de expresión, de Prensa y de manifestación, así como continuar implantando “un ambiente general de censura y autocensura”.
Específicamente el comunicado expresa que la llamada Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, decreto 39-2022, busca criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones que, a criterio de las autoridades, incurran en acoso.
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Así también las publicaciones periodísticas que se basen en filtración electrónica de datos de información, “como sucedió con la investigación por actos de corrupción en el caso de la minera rusa que operaba en Izabal”.
Advierte de que, aunque en dicha normativa se indica que se excluirán los casos de libertad de expresión reconocidos en los convenios y tratados aprobados por Guatemala, “no existe la garantía de que funcionarios, empleados públicos, políticos y sus allegados, en contubernio con el sistema de justicia, no empleen esta norma para perseguir a medios, periodistas, ciudadanos y organizaciones sociales”.
Respecto de las posibles sanciones a los periodistas que dicha ley estipula, estas alcanzarían a socios y accionistas de los medios. Además, las autoridades podrían disponer de los objetos utilizados en los supuestos delitos como computadoras, discos duros o celulares, lo cual contraviene el artículo 35 de la Constitución Política, que establece que no podrán ser decomisados ese tipo de artilugios pertenecientes a los medios de comunicación social.
Algunos artículos de esta normativa también podrían ser utilizados, agrega el texto, para prohibirles actividades comerciales al medio y el cierre definitivo o parcial de “establecimientos de la empresa”. Esto podría significar el cierre de negocios relacionados con el medio o al medio en sí.
En cuanto a la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala, iniciativa 6076, la APG señala que esta busca involucrar a las fuerzas castrenses en la disolución de manifestaciones ciudadanas y “brindarles la potestad a los órganos de seguridad de utilizar la fuerza letal en estas circunstancias”.
