Pensaba que, desde que se fundaron las Provincias Unidas del Centro de América, hace casi 200 años, el denominador común ha sido la persecución de los opositores desde el poder del Estado y, al irse moviendo el péndulo de la historia, la venganza de los que fueron perseguidos. El ciclo se repitió por lo menos dos veces entre conservadores y liberales decimonónicos; por lo menos dos veces entre las dictaduras de la primera mitad del Siglo XX y sus opositores; entre liberacionistas y revolucionarios; y se intentó, mediante la firma de los Acuerdos de Paz, que el enfrentamiento armado interno no diera lugar a otro ciclo de represión y venganza.

Es imposible ir a detalle en estas breves líneas, pero, durante casi las primeras dos décadas desde la firma de dichos acuerdos, algunas de las organizaciones integradas por quienes antes habían militado en grupos subversivos, reclamaron que el Estado no les brindó su efectiva protección y permitió la conformación de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad (los CIACS) que las agredieron e intimidaron. Del lado contrario, algunas cámaras y empresarios denunciaron a algunas de esas organizaciones como encubridoras de un activismo violento y antisistema.

Esa dinámica confrontativa condujo al planteamiento de un experimento que, dada su propia naturaleza de órgano investigador, suscitó todo tipo de reacciones que fueron desde la franca oposición hasta un decidido apoyo. Se concibió y puso sobre el tapete la Ciciacs, que no llegó a ver la luz por razones ideológicas y constitucionales —según creo—, dando paso a una versión modificada, la Cicig.

Llegado cierto punto del desarrollo de este experimento, algunos de los afectados por sus acciones, sus asesores o, en fin, algunas personas que así veían las cosas denunciaron una adulteración de sus fines y una instrumentalización de los medios empleados por la CICIG. A la idea de la “cooptación del Estado” por políticos corruptos y grupos de interés sostenida desde la comisión, se opuso como antítesis la idea de la “cooptación de la comisión” a manos de las izquierdas locales con el respaldo de una comunidad internacional dominada por ideologías afines.

Se impone la cuestión, entonces, de si estamos en presencia de un tercer ciclo. El primero habría sido el de la represión del activismo de la exinsurgencia (así reclamado por ellos); el segundo, el de la cooptación de la comisión por parte de las izquierdas (así sostenido por los afectados) y, el tercero, el de la terminación del mandato de la Cicig y desmantelamiento de los órganos y persecución penal de las personas u organizaciones que pudieran considerarse su legado.

Si así fuera, el patrón histórico de represión o persecución desde el Estado del opositor político/ideológico (solo que con la peculiaridad de una comisión internacional como sustituto parcial y temporal), habría vuelto a manifestarse. Se impone así otra pregunta: ¿hasta cuándo se repetirá el ciclo?

La alternativa, mucho más conveniente y rentable para todos, es la del Estado de derecho. Es decir, vivir en un régimen en el que, bajo unas reglas administradas por instituciones judiciales independientes, llegan al poder quienes ganan unas elecciones válidas y lo ejercen dentro del cauce de la Constitución del Estado y de sus leyes. En lugar de persecuciones y venganzas a la vuelta de cada ciclo, cada propuesta ideológica procura persuadir a la mayoría ciudadana y los vencidos ejercen, pacíficamente, una oposición parlamentaria fundamentada. Los medios de comunicación social ejercen la función que les corresponde en libertad y los ciudadanos gozan de la tutela judicial efectiva de sus derechos. ¿No es esa una mejor alternativa?