Detener a un periodista, empresario, sindicalista o catedrático, no es, como muchos han coligado frívolamente, atentar contra la libertad de expresión/prensa, empresarialidad, sindicalismo o libertad de enseñanza, salvo que la persona sea arrestada como consecuencia del ejercicio de su profesión y no por sus acciones individuales. Algo tan obvio y racional se olvida con frecuencia, y emocionalmente, de forma gremial o por ese indescriptible y morboso placer de los “likes”, hay quienes se colocan del lado de afectado —aún sin conocer los hechos— y apuestan por una versión presentada como verdad incuestionable, antes de haber comenzado a debatir con pruebas concretas lo que sucedió. Nos acostumbraron —y aceptamos— condenar o defender a personas antes del juzgamiento en tribunales, sólo por lo que “se decía” de ellas. La verdad oficial se tornó verdad judicial y ahora predomina la verdad mediática o de redes, sin advertir cuánto socavamos con ello el Estado de Derecho que reclamamos.

La detención del director de elPeriodico es muy grave, particularmente porque no se sabe si lo fue por cuestiones personales o profesionales. Si por su actuar individual es acusado de cometer un delito —y se termina probando— seguramente ciertos medios de comunicación/periodistas sufrirán un embate importante en su credibilidad, al asociarse a la persona con lo que pudo haber publicado su medio. Pero si la captura obedece a que las publicaciones del medio molestan a políticos, el escándalo tomará proporciones inimaginables porque el aparato gubernamental-judicial habrá operado contra una de las manifestaciones más importante en democracia: la libre expresión.

A la fecha, y con la información disponible —no digamos la que se tenía hace tres días— es difícil ofrecer una explicación suficientemente racional más allá que aquella emocional basada en el sentir y parecer de cada uno. Quienes creen al periodista, descalificarán la acción del MP, y viceversa, quedando un grupo en medio que prefieren esperar a tomar una postura en la medida que los hechos se conozcan. Me uno a esta última porque la prudencia y la sensatez —no el miedo ni la timidez— aconsejan permanecer hasta que haya elementos de juicio suficientes, que hay que reclamar urgentemente.

Es de poca discusión que los sucesos han provocado perplejidad y reacciones fuertes y diversas, especialmente en estos momentos de polarización nacional a la que algunos nos conducen y muchos se dejan arrastrar. Un MP que no presente la acusación suficientemente sustentada y con hechos fácilmente valorables, quedará totalmente descalificado —al igual que el juez que decretó las actuaciones— y no podrá dar marcha atrás en la sensación que generen. Pongo el énfasis en el ente acusador porque lo que hay que demostrar es la culpabilidad, nunca la inocencia.

El caso me perturba y crea una sensación difícil de describir, que no es diferente del efecto que me produjo la ola de comentarios que crearon una opinión publicada presentada como verdad indiscutible, a pesar de desconocerse las circunstancias precisas. Nos acostumbramos a que el ruido se sobreponga a la razón y se construya una verdad mediática difícil de confrontar aun con otra judicial o real, y me preocupa porque no es la primera vez que ocurre sino que se incrementa con el tiempo. Quienes se dejan llevar por esos mensajes iniciales, repetidos hasta la saciedad, conceden autoridad a aquellos que los promueven —falacia de autoridad— y aceptan a pies juntilla la versión publicada. Pareciera que el siglo XXI nos ha vuelto más analfabetos funcionales de lo que pensamos, a pesar de tener mejor acceso a la educación y a información plural.

(Esta columna se cerró el lunes 1 de agosto a las 14:00 horas).