Mientras usted lee este editorial, nuevos desechos sólidos siguen corriendo por el río Motagua desde la capital y poblados que recorre dicha cuenca hasta desembocar en el Caribe. Pero no es el único afluente en esta situación, son varios los que reciben aguas servidas municipales y escorrentías provenientes de centros urbanos con todo y basura arrastrada por las lluvias. Así también, el río Las Vacas o el Villalobos se mantienen en su triste destino de desagües y portadores de bolsas y botellas plásticas, empaques inservibles e incluso cadáveres de animales.

El próximo 10 de agosto se cumplirá un año de la entrada en vigencia del acuerdo gubernativo 162-2021, Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes, el cual estipuló un plazo de dos años para que se implementara la clasificación obligatoria de desechos, entre inorgánicos y orgánicos, y de estos los primeros también deben diferenciarse entre vidrio, cartón, metal, plástico y empaques multicapa.

En su momento, el Ministerio de Ambiente exaltó dicha norma como un “logro” que ponía a Guatemala al nivel de países desarrollados, al establecer reglas claras sobre cómo los habitantes de este país, los servicios de recolección y las municipalidades podían organizarse y unir esfuerzos para reducir este tipo de contaminación. Así también, el decreto establece mecanismos para la construcción de plantas de clasificación, recuperación y reciclaje, además de planes de educación para distintos segmentos de población. Allí es donde el reglamento se queda corto y se va arrastrado por la inercia gubernamental hasta desembocar, literalmente, en nada.

Y es que el primer gran defecto de la normativa es su carácter de acuerdo del organismo Ejecutivo, y no del Legislativo, que tendría un nivel más alto de consenso, compromiso y obligatoriedad. Basta recordar el acuerdo gubernativo que establecía la adquisición de un seguro obligatorio para todo vehículo utilizado para el transporte remunerado de pasajeros. Después de aplazamientos consentidos por autoridades timoratas fue finalmente derogado. ¿Quién ganó? La irresponsabilidad, la imprudencia, el clientelismo. ¿Quién perdió? La población, que ya ha aportado decenas, cientos de víctimas mortales.

La gran mayoría de municipalidades no ha implementado estaciones de clasificación y reciclaje. Los camiones recolectores continúan pasando por barrios repletos de bolsas llenas de toda mezcla de basura. A cualquier ciudadano se le puede preguntar si ha recibido alguna instrucción sobre cómo debe funcionar la disposición de desechos o si ya cuenta con los recipientes adecuados y la respuesta es predecible. Son pocas las comunas que comienzan a utilizar vehículos de recolección adaptados a la nueva cultura que se busca implantar, y si dos años se consideraba poco tiempo para fomentarla, 375 días constituyen una verdadera cuenta contra el reloj y también contra el planeta. En nuestro informe especial de hoy presentamos algunas alternativas de reciclaje y reutilización, que tampoco son la panacea, pero ayudarían a ganar más tiempo para nosotros, los seres humanos, que dependemos de la preservación de la “casa común”: el entorno que legaremos a nuestros hijos y a nuestros nietos.