En el contexto de un período de gobierno que acumula ya 313 agresiones contra comunicadores sociales, según lo denunció ayer la Asociación de Periodistas de Guatemala en su informe, se produjo ayer, como repentino epítome, un allanamiento del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil a las instalaciones de elPeriódico y la residencia de su presidente, José Rubén Zamora, quien fue capturado por supuestos cargos de lavado de dinero y chantaje por una denuncia que se mantiene bajo reserva. Zamora, férreo crítico de sucesivos gobiernos, incluido el de Alejandro Giammattei Falla, ha estado en la mira de diversos gobernantes y poderes fácticos.

En el 2021 Zamora denunció que se urdía una denuncia en su contra por una supuesta malversación de fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entidad que contrató servicios de publicación de un boletín informativo en el medio de su propiedad. Lo sospechoso del caso es que databa desde hacia más de una década y la Contraloría General de Cuentas ya había emitido un dictamen de que no encontraba nada ilícito. Aun así fue revivido, sin éxito, durante el gobierno del Partido Patriota y el intento del año pasado que no tenía mayor asidero.

Toda persona señalada de un delito puede ser investigada por las vías legales sin importar su profesión. Es una verdad tan grande y de dominio público que por eso mismo hace innecesaria pero sí sintomática la aclaración hecha por el fiscal Rafael Curruchiche, acerca de que no se le perseguía por su calidad de periodista sino de “empresario”. Tal declaración fue ofrecida a noticieros afines al oficialismo y no a medios independientes en una aparente conferencia de prensa dada la supuesta magnitud del caso.

La suspicacias surgen del secretismo manejado debido a una declaratoria de “reserva” judicial, un recurso que ha sido utilizado por esa misma fiscalía, que tiene causales fijadas en ley, pero que fue utilizada para mantener procesos fuera del conocimiento público, como una emulación distante de los recordados tribunales de fuero especial de la década de 1980.

El propio MP se presentó a los allanamientos utilizando un vehículo sin placas y otro con la matrícula carcomida e ilegible, una situación que no tiene excusa para ningún ciudadano, mucho menos para una autoridad que representa la aplicación de la ley. En los ochenta fue común la utilización de carros sin matrícula para operativos ejecutados por las infaustas Policía Judicial o Policía Militar Ambulante. Tal permisividad se ve mal y causa una pésima impresión sobre estándares de práctica de la institución. El rápido festejo de netcenteros extremistas, incluso cuando no se sabían detalles del caso o la detención, es otro indicio que genera dudas de la verdadera finalidad del operativo.

Zamora, más allá de periodista o empresario es un ciudadano y su caso amerita la aplicación de los derechos constitucionales vigentes y la salvaguarda de su integridad física en todo momento. El debido proceso, con acceso total de sus abogados defensores a todas las supuestas evidencias, debe ser garantizado y no obstaculizado con ningún pretexto. Ningún juez con conflictos de interés, por cercanía con los querellantes o animadversión al ciudadano Zamora, debería intervenir en el caso, cuyas interioridades deben hacerse públicas a la brevedad posible. Cualquier otra práctica evocará el retroceso a una época vergonzosa e indeseable.