Desperdiciar el tiempo y el costo operacional de tener a cientos de agentes policiales apostados alrededor del Congreso durante días enteros, en fechas en que las dos últimas bancadas oficialistas planifican aprobar decretos o nombramientos de suyo polémicos, es uno de los ejemplos más elocuentes de la prioridad que dan las autoridades del Ejecutivo y el Parlamento a la seguridad pública de los guatemaltecos. Sin embargo dicha práctica continúa, por temor a los ecos de la encerrona acaecida en el 2017, cuando los diputados de la legislatura pasada aprobaron una disparatada reforma al Código Penal para proteger a secretarios generales de partidos de responsabilidades vinculadas a financiamiento ilícito, pero que con ello beneficiaban a centenares de reclusos.

De hecho, al inicio del 2018 se produjo la masiva remoción de mandos policiales a pesar de los buenos y sostenidos resultados en la reducción de índices de violencia. El entonces ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, arguyó una supuesta “oxigenación” que en realidad fue un mensaje intimidatorio contra quienes no siguieran las directrices que apuntaban a una mayor represión en contra de la población, que tuvo su epítome cuando en el 2020 se empleó violencia contra ciudadanos reunidos en la Plaza de la Constitución so pretexto de los incidentes ocurridos frente al Congreso, adentro del cual había un contingente policial que no movió un dedo en contra de los vándalos que quemaron dos oficinas con toda libertad.

El último lustro ha sido en especial tortuoso y lamentable para la Policía Nacional Civil (PNC), porque los avances en formación de oficiales de alto desempeño en el extranjero se tiró a la basura en favor de una total subordinación a las agendas del oficialismo del momento.

La PNC surgió en 1997 como uno de los puntos más importantes de los Acuerdos de Paz, en principio para poner fin a la antigua Policía Nacional, que estuvo involucrada en crímenes, torturas y desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno. Los propios archivos de esa institución dan cuenta de las barbaries perpetradas contra profesionales, estudiantes, intelectuales, políticos de oposición y periodistas en esos años oscuros.

La falta de recursos suficientes para dignificar las condiciones laborales de los agentes ha sido una constante y prueba de ello es el estado de numerosas comisarías. El tiempo de formación de los agentes fue reducido por este gobierno a solo seis meses con la intención de graduar a más elementos, pero ello crea serias dudas sobre la calidad técnica, operativa y académica. Si bien durante las actividades de aniversario se anunciaron mejoras en la formación de oficiales, cabe cuestionar en qué consisten, a qué precio y bajo qué condiciones de selección.

El repunte violento de este año permite entrever debilidades y discontinuidades institucionales que no solo tienen que ver con la propia PNC sino también con los cuadros superiores de la cartera del Interior, con cuatro titulares en dos años y medio. También causa recelo la multiplicación diaria de retenes con dos o tres policías, que detienen vehículos al azar, a menudo en carreteras principales de alta afluencia cuyo tránsito se ve entorpecido. No parece una práctica de la tercera década de este siglo sino de tiempos de contrainsurgencia, cuando no existía la tecnología ni los recursos con los que debería contar ahora la institución encargada de resguardar la vida de los ciudadanos, la integridad de sus bienes y, sobre todo, la confianza en las políticas de seguridad pública en un estado de Derecho.