Cuando asuma el cargo de procurador de Derechos Humanos dentro de un mes, tras haber sido electo con 141 votos en el Congreso de la República, el abogado José Alejandro Córdova tendrá que trabajar para lograr un primer gran objetivo, fundamental para llevar adelante con dignidad y entereza el papel de ómbudsman para el cual lo designa el pueblo de Guatemala: desatarse de cualquier compromiso, pacto o deuda asumida con partidos, bancadas, poderes o minicaudillos de rancio ascendiente.

A todo ciudadano con dos dedos de frente le queda clarísimo que para reunir 141 votos en la actual legislatura debe haber un botín millonario de por medio o un concentrado interés por obtener algún tipo de prebenda, privilegio o baza intercambiable por favores. Por algo y la alianza oficialista ha sido negligente en la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, porque dada la metodología de voto a viva voz saldrían a luz las afinidades e implícitos arreglos con los favorecidos. En esa inercia de conveniencias se han ido ya mil días —y contando— de plazo extra de la vieja CSJ. El propio procurador electo podría estrenarse con un vehemente reclamo de la conculcación del derecho a la justicia a causa de esta exagerada dilación, aunque cabe la posibilidad de que sea ignorado al igual que su antecesor, aún en el cargo.

Y es que la misión del procurador de Derechos Humanos de Guatemala puede describirse como la figura que defiende las garantías constitucionales de los ciudadanos, sobre todo aquellos sectores más desfavorecidos a causa de las desigualdades económicas, la falta de oportunidades de desarrollo humano y las incoherencias en el manejo del Estado.

La figura del PDH fue una innovación histórica incluida en la Constitución de la República vigente desde 1986, que surgió a causa de décadas de regímenes militares y numerosas violaciones al derecho a la vida, de libre expresión, de acción, de petición, de libre locomoción, de protección ante detenciones ilegales, a la salud, al asilo, de libre acceso a la información pública y a dependencias del Estado, de credo, de industria, de propiedad privada, de acceso a la educación gratuita, y el listado continúa, pero sin duda ya lo conoce en su totalidad Alejandro Córdova, como doctor en Derecho y exfuncionario de la propia Procuraduría.

Mucho se ha señalado acerca de la animadversión hacia el PDH saliente, Jordán Rodas, a causa de denuncias, señalamientos y vehementes defensas de diversas causas relacionadas con derechos ciudadanos. Basta ver el listado de sus coaligados detractores para conocer sus conflictos de interés y el origen de sus inquinas. En su momento, otros procuradores pasaron por la misma criba de críticas de sectores y personas que se sentían incomodadas por la acción del magistrado de conciencia. Fue así como el PDH Ramiro de León Carpio tuvo que escapar por los tejados el 25 de mayo de 1993 para no ser detenido por el gobierno de Serrano Elías o los seguimientos denunciados por el PDH Sergio Morales en el 2007.

El término procurador evoca el papel de defensor legal de una persona ante los tribunales, solo que en el caso del PDH es a un pueblo a quien defiende ante un Estado que no termina de cumplir con sus obligaciones debido a ineptitudes, desviaciones de su propósito, conflictos de interés o dolo de funcionarios de turno a todo nivel, incluyendo diputados. Es allí donde el PDH designado debe elegir —y se notará públicamente su elección— si le sirve a la ciudadanía o no.