La indiferencia, pasividad, inacción o indolencia ante un irrespeto flagrante a la ley puede ser constitutiva de delito. La repetición fraudulenta de actos que simulan la intención de cumplir con una obligación legal, sin llegar a concretarla, puede entrar en el ambiguo pero vigente concepto de fraude de ley. El expresidente del Congreso de la República Allan Rodríguez y su actual presidenta, Shirley Rivera, junto a sus lábiles directivas, han incluido en diversas órdenes del día del pleno, durante los últimos dos años y medio, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones, pero antecedidas por otras discusiones y aprobaciones. Cuando llega el momento de comenzar la evaluación de perfiles, se rompe el quórum, un patrón de conducta que se ha registrado en repetidas ocasiones.

Esta semana se cumplieron mil días de permanencia extra de los magistrados de la CSJ electos por el contubernio de los partidos Líder y Patriota, una imposición de agrupaciones y bancadas omitentes que obligan al pueblo de Guatemala a tener un aparato judicial desfasado, con magistrados que se salvan a sí mismos pero se exhiben anuentes a avalar acciones en contra de jueces y fiscales independientes. Igual que el Congreso, son los patrones de acción, sobre todo en el último año y medio, los que permiten inferir tal lectura.

Mientras la prolongada CSJ continúa en el ejercicio de funciones, la nueva sigue sin ser electa, cuando resta menos de la mitad de su período legal. Ello ocurre ante el silencio de la fiscal general, Consuelo Porras, quien en mayo de 2020 recibió un amparo en definitiva solicitado a la Corte de Constitucionalidad, el cual le ordenó al Congreso actual elegir con votación pública, de viva voz.

Al desobedecer o, en todo caso, simular obediencia de manera sistemáticamente truculenta, las directivas legislativas se colocan en una zona próxima a la ilegalidad, pues se trata de un incumplimiento flagrante, reiterado y doloso. Es momento de que se demuestre el compromiso declarado en repetidas ocasiones por la fiscal reelecta de velar por el fiel cumplimiento de la ley. Es momento de que emprenda las acciones perentorias para no retrasar más la renovación de la cúpula de la justicia mediante la lógica exigencia de cumplimiento del amparo de marras.

Aunque hoy por hoy existe una nueva CC —con magistrados electos por la extemporánea CSJ, por el pacto oficialista del Legislativo y la Presidencia—, sería totalmente improcedente y en todo caso sospechosa cualquier maniobra para revertir el amparo, toda vez que la elección debió efectuarse hace prácticamente tres años. No hay vuelta de hoja: no hay forma de justificar por más tiempo la permanencia de los magistrados a riesgo de llegar a cumplirse otro período de cinco años, para lo cual no existe precedente ni lógica ni excusa posible.

La propia CSJ bien podría, durante una de sus sesiones plenarias, además de rechazar in limine peticiones de antejuicios en contra de sus integrantes, enviar una comunicación escrita a la presidenta del Congreso de la República y a los 160 diputados para exponer el plazo excedido en más de mil días y urgir la elección de sus sucesores. Claro, es demasiado pedir, dada la línea de sus acciones, que es causa de temor entre jueces y operadores de justicia. Finalmente es necesario hacer notar a los congresistas que ya es tiempo de asumir su deber institucional sin pretextos ni interrupciones, o el propio tiempo traerá las consecuencias de su incumplimiento.