Los mercados financieros en el mundo se han perturbado por la invasión de Rusia a Ucrania, lo que ha exacerbado la inflación, los problemas de las cadenas de suministros, sobre todo alimentaria, y aumentado considerablemente los precios del petróleo. La inflación en Estados Unidos, mal diagnosticada como “pasajera” por el Banco Central (o Federal Reserve) ha llegado al 9%, el más alto en cuatro décadas. Esto afecta a todos los países del mundo y para combatirla el Banco de la Reserva Federal subió fuertemente las tasas de interés y se espera que lo continúe haciendo el resto de este año, lo cual contribuirá a frenar la economía estadounidense y puede causar una fuerte recesión.

Nuestros países deben realizar varias acciones muy importantes en defensa de sus intereses. Los gobiernos deben restaurar sus finanzas, manejar en forma ordenada y transparente sus recursos y apoyar al sector privado en el crecimiento sostenido de sus economías. Además, tener total y absoluta claridad que para lograr el crecimiento de estas deben atraer inversión pública y primordialmente privada. La primera, a través del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que dependerá de los cumplimientos de programas que los gobiernos mantengan con esas instituciones.

Una de las enseñanzas de la pandemia del covid-19 es que nuestros países deben ser autosuficientes de sus principales industrias, y así no depender de otros países para cubrir necesidades básicas. Urge una fuerte industria local o regional, que produzca los bienes necesarios para la población, lo que se logra dando beneficios a los inversores y sobre todo respetando los derechos ciudadanos y de los inversores.

Dos cosas quedan claras luego de la reciente Cumbre de la Américas: A) es notoria la ausencia de apoyo y ayuda de Gobierno a Gobierno. B) La administración Biden apuesta a que el desarrollo de nuestros países vendrá gracias a la inversión privada. Se habló de 1,900 millones de dólares para Honduras, El Salvador y Guatemala, pero lejos de los 20 mil millones de dólares que necesita la región.

Urge que los gobiernos trabajen de la mano con los sectores privados, garantizando trámites y reglas, cumpliendo las leyes. Es clave la transparencia en la justicia, porque su falta en los sistemas judiciales frena el desarrollo y priva a los ciudadanos de libertades básicas. Urge que la justicia haga justicia y evite la corrupción, manipulación y amiguismo. En Honduras, los dos principales países inversores son Estados Unidos y Colombia. Los inversionistas de este último llevan unos dos mil millones de dólares invertidos en el país.

Ha salido a luz que el Banco de Fomento de Estados Unidos, DFC (antes Opic), debería garantizar cualquier inversión del sector privado estadounidense. Hace poco tiró a pérdida un préstamo por 50 millones de dólares relacionado al proyecto habitacional Los Castaños. Esto es muy grave, pues la DFC antes de aprobar nuevos préstamos y garantías en Honduras deberá recuperar esa cifra. De igual importancia es la preocupación de inversionistas internacionales por el maltrato recibido por grandes inversionistas colombianos a causa de corrupción judicial.

Es obvio que este tipo de señalamientos de corrupción y maltratos a la inversión extranjera existente en Honduras afecta gravemente la voluntad de los inversionistas. Por eso, concluyo que el nuevo Gobierno Nacional que está a punto de nombrar nuevos jueces en la Corte Suprema de Justicia, debe tomar nota de estas situaciones que dañan. Conozco a muchos de los líderes empresariales de nuestros países, a quienes digo que tienen en sus manos un enorme reto y responsabilidad. Busquemos esos 20 mil millones de dólares en inversión y recursos que tanto necesitan nuestros países.

*Presidente de CEO ADVISORS