El informe Impactos de la guerra en Ucrania y una crisis alimentaria prologada, presentado en junio pasado, hace un recuento del aumento de los precios de diversos productos, como los combustibles y los fertilizantes, que ha repercutido en un alza en el costo de los alimentos que no se veía desde hace años.
Según el Programa Mundial de Alimentos, destaca el informe del Icesh, 47 millones de personas en 81 países, entre ellos Guatemala, se sumarían a la crisis mundial de hambruna.
Organismos internacionales han definido cinco fases de la inseguridad alimentaria. En la uno no se enfrentan problemas para acceder a alimentos, la dos es de estrés, la siguiente es crisis, la cuarta es emergencia y la quinta hambruna, en esta última fase las familias soportan grandes irregularidades en el consumo de alimentos y se evidencian casos de inanición, muertes y un nivel de malnutrición extremadamente crítico.
Para finales de 2021, Guatemala ya contaba con 3.73 millones de personas con la urgencia de obtener alimentos, de las cuales 400 mil ya estaban en la fase cuatro —a un paso de la hambruna o catástrofe alimentaria—. Además, hasta mediados de junio las autoridades guatemaltecas ya reportaban el deceso de 13 niños por desnutrición aguda y estaban por confirmar 60 muertes más.
Causas
Dentro de los datos que destaca el informe está que el índice mundial de precios de alimentos, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), experimentó un aumento de 17 por ciento después de la invasión rusa, y 29.8% respecto a abril del año pasado.
El conflicto bélico afectó la oferta de alimentos mundial, debido a que los dos países en confrontación son importantes productores de aceites y cereales, con el 30% del total de exportaciones en el mundo.
“Los precios de los alimentos se mantendrán altos en 2022, y entre 2023 y 2024 su nivel será mayor que el observado en los cinco años previos, debido a que se asume que los cambios provocados por la guerra de Rusia y Ucrania en la oferta y canales de distribución de alimentos permanecerán luego de que el conflicto bélico finalice”, señala el informe.
Además, indica que los fertilizantes aumentaron casi 24% entre enero y mayo pasados, empujado por el incremento de los precios del gas natural y del carbón, lo cual también es una amenaza para el precio de los alimentos.
Seguridad alimentaria
El análisis pronostica un deterioro de la situación de la seguridad alimentaria en el país este año, debido a lo que se le ha llamado “shocks macroeconómicos”, que es la suma de la escalada de precios de alimentos y combustibles, falta de trabajo, disminución de ingresos y eventos meteorológicos extremos, como el que recientemente afectó Guatemala y de los cuales se pronostican más para este año.
Según datos del Ministerio de Agricultura (Maga), las lluvias de este año ya han afectado a casi seis mil familias, con la pérdida de cultivos de maíz, frijol, café y papan, en tres mil 263 hectáreas de 14 departamentos.
Destaca que la Encuesta Nacional Agropecuaria 2019-2020 reporta que 700 mil familias agricultoras, agropecuarias o forestales viven en pobreza y son las más expuestas a recibir los impactos negativos de la escalada inflacionaria.
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Ya la situación de Guatemala al terminar el 2021 era delicada con el 23% del total de su población en inseguridad alimentaria, el segundo lugar en América después de Haití y Honduras.
El alza del petróleo y de los alimentos ha repercutido en la capacidad de compra de las familias más vulnerables. La gasolina aumentó un promedio anual de 40% y el del diésel de 52%, para abril pasado. Esto ha aumentado el costo el transporte.
Según cálculos de la Procuraduría de los Derechos Humanos, una persona puede gastar hasta Q40 para trasladarse, lo que es casi la mitad del salario mínimo fijado el año pasado.
Los productos cuya materia prima es el trigo, reflejaron aumentos del 17 % para la harina, 11 % para el pan y 8% para las pastas. El aceite subió un 26% y el maíz, fundamental en la dieta del guatemalteco, también se incrementó en 22%, enumera el informe del Icesh.
La agudización de las condiciones de inseguridad alimentaria se vería impulsada también por la “crónica crisis institucional de Guatemala”, señala el documento, que se refleja en la poca o nula presencia del estado que a su vez redunda en respuestas tardías o equivocadas.
“Es evidente que las disputas por el poder como fin en sí mismo mantienen en la marginalidad los asuntos verdaderamente trascendentales”, como los que tienen que ver con la alimentación de la población, subraya el Instituto de la URL.
En ese sentido, recomendó al Gobierno revisar las prioridades del gasto en el presupuesto vigente del Estado y reasignar más recursos al Ministerio de Agricultura y de Desarrollo Social para menguar la crisis alimentaria que se avecina en las poblaciones pobres.
Las autoridades deberían aplicar a las opciones financieras internacionales que se han anunciado en el mundo para un plan de acción para enfrentar la inseguridad alimentaria este año que permitan implementar iniciativas y programas para atender a la población en situación de pobreza, que según las estimaciones más recientes alcanza, podría alcanzar hasta el 80% de las personas en el área rural.
Acciones
En respuesta a la crisis que se avecina, el Gobierno presentó en junio pasado el Programa nacional de emergencia por el conflicto entre Rusia y Ucrania en el que se invertirán Q6 mil 741 millones.
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Sin embargo, dentro de estos recursos incluye la cuestionada ampliación presupuestaria por más de Q3 mil 191 millones aprobada por el Congreso para el Ministerio de Comunicaciones y Q2 mil 260 millones del subsidio que termina a finales de este mes.
Según el plan, para protección social se destinan Q621.5 millones y para seguridad alimentaria Q450 millones.
Uno de los objetivos, se lee, es “garantizar la seguridad alimentaria de los segmentos más vulnerables”. Contiene programas conocidos, como las transferencias monetarias, la entrega de 300 mil raciones a de alimentos y de suplementos alimenticios para los infantes, por parte del Maga.
Esta institución también contempla la entrega de Q1 mil a 300 mil agricultores en el programa Estipendios para el desarrollo agropecuario, e incentivar la producción de alimentos y liberar ciertas importaciones. Además, El Ministerio de Economía podría activar contingentes de granos básicos.
Si fuera necesario declarar emergencia alimentaria, el Maga podría hacer compras y contrataciones sin utilizar la Ley de Contrataciones del Estado.
Catástrofe
El economista Érick Coyoy, uno de los autores del informe, dijo que Guatemala sufrirá una crisis alimentaria “prolongada” y que se extenderá más allá de este año, por el aumento de precios y porque se espera una reducción de la producción de alimentos a nivel global.
Expuso que, aunque la mayoría de la población en riesgo de inseguridad alimentaria se encuentra en la fase tres, hay un importante sector —400 mil personas— que ya están en emergencia “y con una inundación que les haga perder lo poco que pueden cosechar es muy probable que caigan en la fase cinco”.
Los estudios elaborados por las agencias de Naciones Unidas hacen un recuento hasta 2021 lo que quiere decir que no incluyen los efectos por las copiosas lluvias de este año, y “lamentablemente no tenemos un sistema de información actualizado” que nos diga cómo evolucionan estas familias, añadió Coyoy.
El experto pone en duda el plan diseñado por el gobierno para enfrentar esta crisis alimentaria, precisamente porque pareciera no estar dirigido a la población más vulnerable al dirigir el 83% de los recursos para la infraestructura vial, portuaria y para el subsidio de la gasolina y el gas, cuando la emergencia requiere asistencia social “expresa y directa”.
En el caso de los subsidios a los combustibles, Coyoy refirió que la población más pobre ni siquiera tiene motocicleta y muchos de estos hogares todavía dependen de la leña para cocinar. El informe señala que la continuidad de este beneficio debe analizarse y que, dado la insuficiencia de recursos, “debe focalizarse en las medidas de mayor impacto y en las personas más afectadas por la escalada inflacionaria”.
En relación con los recursos que utilizará el Maga, el analista cuestiona la “baja” ejecución presupuestaria tanto de esta institución como del Ministerio de Desarrollo Social, que al 30 de junio llegaba al 39.6% y 39%.
Precisó que la macroeconomía del país es estable, pero porque se sustenta en las remesas familiares, que no toda la población recibe, y por las exportaciones, cuyo valor ha aumentado a raíz de la crisis, pero que no se ve reflejada en un incremento de los salarios.
