El retroceso de la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala es más que evidente. El camino de reversa ha sido paulatino y por fases. Tras concretarse la salida de la Cicig, que fue el primer objetivo de la alianza proimpunidad, se enfocaron en retomar el control absoluto del MP y del sistema de justicia.

Para lograrlo necesitaban asegurar el Despacho Superior de la Fiscalía General y alinear a las altas cortes, que por algunos años actuaron de forma bastante independiente. La influencia indebida en el proceso de postulación de la jefatura del MP —en el que obligaron a la comisión a incluir a María Consuelo Porras Argueta en el listado de candidatos— y las maniobras para conformar el tribunal constitucional fueron parte de la estrategia.

Con la CSJ la alternativa fue mantenerla. Al final de cuentas la mayoría de magistrados que la integran responden a los intereses del Pacto. Basta con revisar la investigación del caso Comisiones Paralelas —versión 2.0— para entender la manera en que fueron electos.

Después empezó el desmantelamiento de fiscalías clave como la Feci, la Anticorrupción, la de Asuntos Electorales y la de Derechos Humanos. Traslados disfrazados de “promociones”, presiones y destituciones ilegales de fiscales y auxiliares. No tardaron mucho en iniciar los procesos disciplinarios e instrumentalizar a las fiscalía de asuntos internos para activar la persecución penal indebida en contra del personal que tuvo a su cargo procesos por casos de gran corrupción.

La misma estrategia de persecución y criminalización se está dando en el Organismo Judicial en contra de jueces y juezas independientes que, como fiscales e investigadores, se han visto forzados a salir al exilio para resguardar su vida y su integridad. Las denuncias interpuestas en su contra son espurias y los casos, fabricados. Pero con un sistema capturado es casi imposible que se dicten resoluciones imparciales y apegadas a Derecho.

Los titulares de los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo son los más atacados porque el control de esas judicaturas resulta clave para garantizar impunidad a los “aliados” y criminalizar a los “adversarios”. La jugada perversa es deshacerse de fiscales, jueces y juezas a quienes no pueden manipular o comprar, y poner en su lugar a alfiles que les garanticen persecución penal y justicia “a la medida”. Ahí tenemos al jefe de la Feci, Rafael Curruchiche, que no escatima esfuerzos para demostrar por qué fue designado por Porras Argueta para sustituir a Juan Francisco Sandoval.

No solo refundió los expedientes de investigaciones que salpicaban por todos lados a las y los amigos y socios de la fiscal general, sino que empezó a solicitar sobreseimientos y desestimaciones de órdenes de captura contra sindicados por lavado de dinero, sobornos y asociación ilícita. Y al mismo tiempo, con total desparpajo, perseguir a sus colegas fiscales del MP que encabezaron la lucha contra la corrupción.

No contento con eso, ahora va por el desmantelamiento de los casos que involucran a exfuncionarios del gobierno del PP. Quiere anular el acuerdo de colaboración eficaz con Juan Carlos Monzón, quien aportó información y pruebas que involucran a Otto Pérez Molina, Roxana Baldetti y a la estructura criminal detrás de los casos La Línea y Cooptación del Estado.

Y, cual abogado defensor de Alejandro Sinibaldi, sale aplaudiendo en un video institucional del MP la resolución de una sala de apelaciones que anuló los acuerdos que se tenían con tres personeros de la empresa brasileña Odebrecht, quienes aportaron información y pruebas que involucrarían al entonces ministro de Comunicaciones con la recepción de millonarios sobornos.

Ya mejor que le cambien las siglas y la nombren como lo que es: la Fiscalía Especial Proimpunidad (Fepi).