El comité presentó pruebas de que Trump encabezó una campaña con dos objetivos relacionados: por un lado, aplicar presión directa sobre funcionarios republicanos de estados pendulares con el propósito de invalidar su derrota y, por el otro, poner en marcha un plan para lograr la aceptación de listas “alternativas” de electores que inclinaran el resultado del Colegio Electoral a favor de Trump.
La audiencia reveló el costo humano del torrente de amenazas y hostigamiento desatado por la campaña de presión de Trump y sus partidarios contra funcionarios estatales y personas que trabajaron en el proceso electoral con el fin de encontrar alguna manera de robarle la victoria a Joe Biden.
A continuación, presentamos cuatro conclusiones de esta audiencia.
Trump tuvo participación directa en el plan de los “electores falsos”
El comité presentó pruebas de que Trump participó directamente, tras bambalinas, en el plan para intentar infiltrar listas alternativas de electores que Trump esperaba pudieran remplazar a los electores asignados a Biden por sus victorias en estados pendulares como Arizona y Georgia.
Trump se comunicó con Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano (CNR), y le pidió que hablara con uno de sus abogados externos, John Eastman, que estaba en la línea, acerca del plan, según relata McDaniel en el video de su declaración ante el comité. McDaniel explica que Trump quería hablar con Eastman “sobre la importancia de que el CNR ayudara a la campaña a reunir a estos electores de emergencia” si los procedimientos legales promovidos por Trump tenían resultados positivos.
Puesto que Eastman y Trump querían aplicar ese esquema, la oficina encargada de cuestiones jurídicas en la Casa Blanca sostuvo una reunión con el abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y otros asistentes, en la que se les explicó que ese plan no tenía fundamentos legales adecuados, según un testimonio grabado de Cassidy Hutchinson, asistente del Ala Oeste.
El comité no aclaró si a Trump se le informó acerca de la reunión con la oficina del consejero de la Casa Blanca. La semana pasada, el panel reveló que Eastman le dijo a Trump que las acciones generales emprendidas para persuadir al vicepresidente Mike Pence de bloquear o retrasar la certificación del conteo del Colegio Electoral a favor de Biden no tenían ningún fundamento legal (hecho que, en opinión de algunos expertos legales, podría ayudar a los fiscales a armar un caso penal en contra de Trump).
Funcionarios electos del Partido Republicano promovieron el esquema de los electores
El comité demostró que algunos republicanos del Congreso promovieron el plan de los electores falsos incluso el mismo 6 de enero, unas horas antes de que estallara la violencia que evitó la certificación del conteo electoral cuando fue necesario alejar rápidamente a Pence de la turba.
Como demuestra una serie de mensajes de texto obtenidos por el comité, un asistente del senador Ron Johnson, republicano de Wisconsin, le escribió a un asistente de Pence el 6 de enero que Johnson quería entregarle a Pence una lista de electores que favorecía a Trump en Míchigan y Wisconsin, dos estados en los que había ganado Biden.
“Johnson necesita entregarle algo a VPOTUS, por favor, espero instrucciones”, le escribió en un texto Sean Riley, asistente de Johnson, a un asistente de Pence, según mensajes presentados por el comité.
“¿Qué es?”, respondió Chris Hodgson, el asistente de Pence.
“Una lista alternativa de electores para MI y WI porque el archivista no recibió los datos”, dijo Riley.
“No le des eso”, escribió Hodgson en el texto de respuesta.
Una vocera de Johnson, Alexa Henning, señaló en Twitter que él “no tuvo ninguna participación en la creación de un grupo alternativo de electores y que no tenía idea de que se iba a enviar a nuestra oficina”.
Las comunicaciones con la oficina del vicepresidente, aclaró, fueron “entre empleados” y los documentos nunca fueron enviados a Pence.
En la mañana del 6 de enero, otro aliado de Trump en Capitol Hill, el representante Andy Biggs, republicano de Arizona, se puso en contacto con Rusty Bowers, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona y republicano, para averiguar si estaría dispuesto a ayudarles a anular la certificación de electores de Arizona a favor de Biden.
“Respondí que no lo haría”, dijo Bowers sobre su conversación con Biggs.
Los aliados de Trump no pudieron presentar pruebas de que había existido fraude electoral
El comité presentó ejemplos que dejan claro que Trump y sus aliados sabían que no había pruebas suficientes de que le habían robado las elecciones.
Bowers relató que Giuliani, en determinado momento, reconoció durante una conversación telefónica que no podían reunir las pruebas necesarias para demostrar que se había cometido fraude.
“Puntualizó: ‘Tenemos muchas teorías, pero no tenemos ninguna prueba’”, recordó Bowers que le había dicho Giuliani. “Y no sé si fue por equivocación o no se dio cuenta de lo que había dicho, pero tanto yo como otras personas de mi grupo, los tres miembros de mi grupo y mi abogado, recordamos específicamente este punto, y después nos reímos un poco del asunto”.
En otro momento, Eastman ejerció presión sobre Bowers para que aceptara el plan de presentar un grupo de electores de Arizona que favorecían a Trump a pesar de que el estado había certificado la victoria de Biden. Bowers narró que preguntó cómo podría participar legalmente en ese esquema, y que Eastman le respondió: “Solo hazlo y deja que los tribunales se ocupen”.
Las amenazas y el hostigamiento comenzaron mucho antes del 6 de enero
Como resultado de la presión pública a la que Trump y sus aliados sometieron al personal electoral del estado, varios empleados fueron blanco de aterradores e intimidantes ataques por parte de partidarios de Trump.
Wandrea Moss, empleada electoral del condado de Fulton, en Georgia, a quien Giuliani acusó falsamente, al igual que a su madre, de cometer fraude electoral, ofreció un relato dramático del acoso que dispararon las afirmaciones falsas de Giuliani. Describió una serie de mensajes racistas que recibió en Facebook.
“Muchas amenazas y mensajes en los que deseaban mi muerte; hablaban, por ejemplo, de que iba a ir a la cárcel con mi madre y decían cosas como: ‘Da gracias de que estamos en 2020 y no en 1920’”, relató Moss.
Brad Raffensperger, secretario de estado de Georgia, habló de un grupo que irrumpió en la casa de la viuda de su hijo.
Bowers fue blanco de protestas y amenazas en la misma época que su hija estaba al borde de la muerte. Además, describió que su oficina recibió más de 20.000 correos electrónicos y decenas de miles de mensajes de voz y texto que les hicieron imposible a él y a sus colaboradores comunicarse.
