En noviembre de 2021, un nutrido grupo de periodistas y columnistas manifestamos públicamente nuestro rechazo ante los ataques, amenazas, acoso y hostigamiento que enfrentamos en el ejercicio de nuestro trabajo.

Alertamos a la sociedad sobre el asedio constante, el incremento y la diversificación de las agresiones que limitan el derecho a conocer y brindar información y las restricciones que las entidades públicas, incluida la presidencia y el Congreso, estaban imponiendo para evitar rendir cuentas.

Insistimos en aquella oportunidad sobre el peligro que representa para la ciudadanía el bloqueo a las fuentes de información, ya que es a través del periodismo que la población se entera de los hechos que le afectan.

Recordamos cómo gracias al trabajo minucioso de las y los reporteros que investigan y relatan historias, la prensa independiente dio a conocer la opaca negociación en la compra de 16 millones de vacunas rusas; la sobrevaloración y contratos fraudulentos en carreteras y obras de infraestructura; y la precariedad, hacinamiento y falta de insumos, medicamentos y equipo con los que el personal de salud debió hacer frente a la peor ola de contagios por coronavirus, a pesar de que el gobierno contaba con millones de quetzales aprobados para atender la emergencia sanitaria.

Advertimos también que el MP, en sintonía con el Organismo Judicial, estaba fabricando casos contra periodistas y no investigaba con celeridad las denuncias interpuestas por los abusos y ataques en su contra.

Lejos de mejorar, la situación continúa deteriorándose. Las investigaciones, columnas y notas sobre hechos de interés público que afectan a grupos de poder político, económico y de crimen organizado siguen siendo la razón más importante detrás de los ataques: la intención es impedir el trabajo periodístico para mantener en la oscuridad aquello que los poderosos no quieren que se sepa.

Y por eso persiste la persecución por diferentes vías. Una extremadamente grave es el retorcimiento de la ley para procesar penalmente a colegas que han develado casos de corrupción, denunciado anomalías en proyectos extractivos o vínculos de diputados y alcaldes con estructuras criminales. Anastasia Mejía de Xol Abaj Radio, Carlos Choc de Prensa Comunitaria y Juan Luis Font de ConCriterio, por ejemplo.

También se ha vuelto constante el uso malicioso de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer para intentar frenar las investigaciones y fiscalización de medios y periodistas respecto de funcionarias, diputadas o políticas. Las medidas de restricción que se imponen y la prohibición de publicar sobre ellas es una treta para impedir que se informe sobre su función pública y nada tiene que ver con actos violentos por su condición de mujeres.

Es vergonzoso que una ley para proteger a víctimas y sobrevivientes de violencia se utilice para coartar la libertad de expresión y criminalizar el ejercicio periodístico. A este tipo de ataques se enfrentan Sonny Figueroa y Marvin del Cid de Vox Populi, Cristian Vélix, Gerson Ortiz y José Rubén Zamora de elPeriódico y Pedro Pablo y Óscar Clemente Marroquín de La Hora.

Ni hablar de la impunidad en la que permanecen las denuncias de acoso y hostigamiento que mujeres periodistas han denunciado. Estos ataques que sí son misóginos y que incluso conllevan amenazas de violación sexual, siguen sin ser investigados.

Por si fuera poco, una cuenta anónima filtró el pasado viernes en las redes sociales la resolución de un juzgado que habría ordenado investigar a periodistas de Agencia Ocote que entrevistaron a la fiscal Virginia Laparra en prisión. De confirmarse este extremo estaríamos frente a una nueva estrategia de criminalización y censura.

Así avanza el autoritarismo y se configura el estado mafioso.