La polarización, rechazo, presión y visceralidad con la que se abordó la elección de Fiscal General, ha impedido reflexionar sobre el deber ser de la “nueva” administración. Muchas personas han dado por hecho que todo seguirá igual, hipótesis razonable después de la reelección, pero no la única. Otros consideramos que hay un importante y necesario espacio para el cambio y la mejora de ciertos aspectos, porque pocas cosas tienen ese valor absoluto de lo perfecto.

De todas las modificaciones deseables que deben emprenderse, considero que hay tres de trascendencia, necesidad y urgencia. La primera, se refiere al “acercamiento” con los Estados Unidos. Si las relaciones con las agencias antidrogas y las conexas con la persecución de delitos transnacionales han sido cooperativas, no ha ocurrido así con otras afines al Departamento de Estado. Independientemente de quien haya sido “el culpable” o de las diferencias, unos, deberán aceptar que el cargo durará cuatro años más, y los otros, entender que la confrontación permanente no es el modelo deseado. Un segundo aspecto requiere replantear la política criminal en relación con, al menos, dos variables: los allanamientos y la prisión provisional. Cualquier denuncia debe ser investigada, ese es un principio irrenunciable, y de justicia. Sin embargo, los allanamientos deben de reservarse exclusivamente para aquellos presuntos autores de delitos muy graves y cuya huida tenga significativo impacto en la sociedad y/o en la investigación. Lo mismo sucede con la solicitud de prisión provisional. Si bien es el juez quien resuelve, la petición la hace el MP, y desde ahí hay que trazar principios correctos de actuación. No vale el argumento dado por algún fiscal en su momento: “es que de lo contrario se escapan”, y la práctica ejercida sistemáticamente antes, durante y después de CICIG. No importa que huyan si el delito y las circunstancias no están enmarcados en los postulados legales que justifican la solicitud. El último de los aspectos se refiere al distanciamiento judicial de la política. Desde hace años, se ha intentado -y logrado- hace coincidir tiempos políticos con judiciales y muchos casos ven la luz en situaciones político-sociales particulares; la “coincidencia” ofrece una clara lectura del propósito. La justicia tiene que emprender su propia ruta y no dejarse influenciar por diputados inescrupulosos -con graves acusaciones penales- que manejan agencias de publicidad difamatorias, de mafiosos encarcelados en USA por lavado de dinero, de expresidenciables amañadores de postuladoras, de coreanos financistas de varios de ellos, de farfollas extremistas que encabezan organizaciones golpistas, de extorsionadores fitness receptores de coimas que burlan la cárcel los fines de semana o de sibilinos y oscuros exvicepresidenciables condenados judicialmente, entre otros activistas de la corruptela. El MP debe enfocarse en investigar eficazmente y con prontitud, en consolidar el despliegue municipal, la desjudicialización de casos, reducir la mora judicial, optimizar los recursos de que dispone y capacitar lo mejor posible al personal para asignarles los puestos en que mejor sirvan, pero no concurrir con la política ni pactar con intermediarios que la prostituyen y manipulan. Y eso es posible porque la relación de poder cambia en determinados momentos en función del tiempo de duración de quienes están al frente de las instituciones. No hacerlo, además de éticamente reprobable, alimentará la polarización existente que no hace ningún bien al país, y generará situaciones de confrontación cada vez más virulentas, y de resultados imprevisibles. Las oportunidades están ahí para tomarlas, y cuando no se hace, se corre el riesgo de repetir errores, con el agregado de multiplicarlos por acumulación. Nada es eterno y una buena decisión a tiempo puede evitar grandes e imprevistos males a futuro.