El acuerdo de paz relativo al fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, empieza: “Considerando que la paz descansa sobre la democratización y la creación de estructuras prácticas que, en el futuro, eviten la exclusión política, intolerancia ideológica y polarización de la sociedad guatemalteca… que reviste una importancia fundamental fortalecer el poder civil, en tanto expresión de la voluntad ciudadana a través del ejercicio de los derechos políticos, afianzar la función legislativa, reformar la administración de justicia y garantizar la seguridad ciudadana, que en su conjunto, son decisivas para el goce de las libertades y los derechos ciudadanos; y que dentro de la institucionalidad democrática, corresponde al Ejército de Guatemala la función esencial de defender la soberanía nacional y la integridad territorial del país”. Sirve este apartado del Acuerdo para preguntarnos qué hemos avanzado.

El acuerdo fue firmado en Ciudad de México el 19 de septiembre de 1996 y el gobierno fue representado por Gustavo Porras Castejón, Otto Pérez Molina, Raquel Zelaya Rosales, Morris Eugenio de León Régil y Richard Aitkenhead Castillo. En el contenido del Acuerdo se estableció también la creación de una nueva doctrina del ejército: “debe formularse una nueva doctrina militar de acuerdo con las reformas previstas en este Acuerdo. La doctrina estará orientada al respeto de la Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia militar, a la defensa de la soberanía e independencia nacional, a la integridad del territorio del país y al espíritu de los acuerdos firme y duradera”.

Debe rescatarse lo firmado dentro del proceso de paz con relación al ejército, porque cada vez se evidencian más exoficiales (dentro de la institución no pueden opinar sobre política) con posiciones antidemocráticas y, sobre todo, por los medios a su alcance, pretenden legitimar narrativas en torno al control de poder como aspecto fundamental de su visión de Estado, ello significa que la nueva doctrina no generó los frutos esperados.

Por años el ejército fue la institución que, formal y materialmente, dispuso del país, consideraba lo adecuado o no para el futuro. Por ejemplo, en el libro “Justa Intervención” escrito por el Coronel Miguel Ángel Escribá Pimentel el cual retrata pasajes del ejército en distintos gobiernos, se encuentra un párrafo de antología: “El gobierno presidido por el Coronel Enrique Peralta Azurdia, aunque asumió el poder político por medio de un golpe de Estado, éste en su momento y de alguna manera tuvo su justificación; puesto que de no haber sido así, hubiera ganado las elecciones presidenciales, el Doctor Juan José Arévalo Bermejo, un personaje que aunque tachado por los Estados Unidos de América y la clase acaudalada de Guatemala, de ser un agente del comunismo internacional, gozaba de la simpatía de la clase intelectual y la más necesitada del país”.

El Ejército llevó a cabo los fraudes electorales de 1974, 1978 y 1982, dio los golpes de Estado de 1982 y de 1983, a la fecha de manera formal se mantiene bajo el mando y dirección de los gobiernos civiles, pero afloran los mensajes de sus ex oficiales en torno al necesario cierre de espacios democráticos y prácticas fraudulentas, bastará visitar la cuenta de Twitter de Avemilgua, la ONG de los veteranos del ejército, para darse cuenta cómo abiertamente se consolidan apoyos al fraude en la Universidad de San Carlos porque les resulta útil y poco importa la democracia y su respeto.

Ayer se cumplieron 37 años de haberse promulgado la constitución, resulta buen momento para dejar las normas solo de papel y mostrar compromisos reales con la institucionalidad republicana.