Estos días que estuve en la tierra de los leones —San Marcos— y de los venados —Mazatenango—, vi la semilla de maíz brotar, abriéndose camino al aire libre. La lluvia de Mazate es imparable y los truenos anuncian la temporada lluviosa y la época de siembra—brote del sagrado maíz y otros granos básicos. Los que labramos la tierra sabemos que la agricultura es vital porque asegura la provisión de alimentos, genera empleos y dinamiza la economía campesina. También representa un elemento clave en la espiritualidad, propicia la unión familiar y el trabajo comunal.

El ciclo agrícola en nuestro país se ve muy marcado en la parte sur de Petén y la Franja Transversal del Norte —zona norte de Huehuetenango—, Alta Verapaz, Quiché e Izabal, considerados “el granero de Guatemala”. Se trata de las regiones que más aportan a la producción de granos básicos que abastecen los mercados.

Según la organización Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), la agricultura familiar produce el 70% de los alimentos que llegan a las mesas de los hogares guatemaltecos. Esta actividad ocupa un tercio de la población económicamente activa (PEA), beneficia directamente a más de cinco millones de personas, abastece a 1.2 millones de familias y contribuye con un 14% del producto interno bruto (PIB).

Platicando con emprendedores en diferentes departamentos del país, claramente nos dimos cuenta de que la agricultura en nuestro país es uno de los sectores que menos apoyo recibe. El acceso a créditos productivos para los agricultores es limitado. Los programas gubernamentales se quedan en asistencias clientelares. No hay acompañamiento técnico para mejorar la producción y el manejo de suelo.

Nuestra agricultura es de subsistencia, y como está la política agrícola hoy, estamos lejos de potenciar su desarrollo. A diferencia de Estados Unidos —la economía más grande del mundo y nuestro mayor socio económico—, ahí el agricultor recibe un 40% de sus ingresos de subvenciones y ayudas directas e indirectas del Gobierno. En Guatemala, el apoyo que los agricultores perciben del Estado representa solo el 3.7% de sus ingresos brutos —Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en período 2011-2018—. Es un reflejo de la desvalorización del trabajo agrícola en nuestro país, lo cual contribuye a los problemas sociales. Por ejemplo, en el 2020, el 62.4% vivía en pobreza media; el 29.6% en pobreza extrema y, según el Icefi, para el cierre de 2021 se proyectaba un 34% de guatemaltecos en extrema pobreza. También lo vemos en la desnutrición infantil crónica, que afecta al 49% de los niños menores de 5 años. Es el primer lugar en América Latina y el sexto en el mundo en cuanto a desnutrición infantil.

En Guatemala y el mundo ya hay escasez alimenticia, pero nosotros aún estamos a tiempo de fortalecer nuestro sector agrícola, porque Guatemala tiene un suelo muy bendecido y gente luchadora. Es fundamental reconocer el rol de la economía campesina como alternativa ante la crisis alimentaria, que cada vez es más latente. Se requiere inversión desde el Estado, a través de asignación de presupuesto, fomento de la producción sostenible, dotación de tierras aptas para el cultivo, vincular la producción agrícola con el mercado, promover la subvención y seguros agrícolas. Permitir el acceso a crédito, infraestructura, tecnología y sistemas eficientes de producción.

Hermanos y hermanas campesinas, ¡gracias por producir con sus manos el sagrado alimento que tenemos en nuestras mesas —aun con tantos desafíos en el camino! Son la esperanza de un mejor porvenir, de una Guatemala que florecerá para todas y todos.