Es casi un hecho que los guatemaltecos van a llegar a las próximas votaciones generales con una ley que tiene errores y que tan solo beneficia a los grandes partidos políticos, según expertos.
Cuando asumió la administración de Alejandro Giammattei y su partido político Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos) se apoderó de la presidencia del Congreso, también acaparó las comisiones legislativas.
Ese primer año de legislatura el oficialismo tomó la comisión electoral, en 2021 la cedió a Bienestar Nacional (BIEN) y este 2022 la entregó a Compromiso Renovación y Orden (Creo).
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Las votaciones del 2019 salieron a flote, se garantizó el ejercicio democrático y los resultados fueron validados, pero hubo una serie de errores que podrían repetirse.
Analistas ven a algunos actores como los principales responsables de este retraso, algunos más evidentes que otros pero que de alguna han contribuido a que no se tenga claridad de futuros cambios a la LEPP.
Los responsables
Los primeros dos años de la novena legislatura tuvo como presidente al diputado Allan Rodríguez, integrante del bloque oficial y hombre de confianza de Alejandro Giammattei.
Él considera que la falta de espacios para conciliar propuestas de país se deben, en buena medida, por la inexperiencia política que Rodríguez reflejó durante su mandato.
“El responsable de no tener reformas se llama ‘diálogo y negociación’, no hubo nada de esto. En los primeros años de Rodríguez la negociación fue cero, pero también fue una política del Gobierno central”, explicó.
También es necesario ver el escenario de una forma más general según Jahir Dabroy, analista de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
Él señala que otros responsables son los 19 partidos políticos representados en el Congreso, debido a que han observado en silencio la pasividad con la que no avanzan las reformas.
Otro órgano parlamentario clave que tampoco decidió tomar acción, según él, es la Instancia de Jefes de Bloque, argumentando que son ellos los diputados que representan el liderazgo dentro de sus bancadas, pudiendo hacer una diferencia.
“Pareciera ser que no van a haber cambios a la ley electoral, sobretodo porque parece que no existen los incentivos necesarios para que la clase política decida abordar todas las temáticas que fueron planteadas en su momento y que fueron planteadas mediantes iniciativas de ley, una de ellas del TSE”, señaló.
Aunque la actual ley sea mala los partidos políticos prefieren elecciones con una normativa que funciona a medias por una razón: Les conviene.
Los beneficios
Una de las principales demandas ciudadanas del 2015 fue abrir los listados para la elección de diputados porque la población no se siente representada por el Congreso, pero este tema no es del agrado de los parlamentarios.
“Los listados cerrados favorecen a la corrupción, los listados abiertos ayudan a disminuir la corrupción porque cada candidato tiene menos compromisos al ingresar al Organismo Legislativo”, considera Pedro Cruz, integrante de la organización Primero Guatemala.
Ayer fuimos a presentar a la Comisión de Asuntos Electorales del @CongresoGuate el informe "Humanizando la Política en Guatemala" junto con nuestra propuesta a las reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. #AbramosLosListados #ReformaElectoral pic.twitter.com/MSG6CRuVFe
— Movimiento Cívico Nacional (@MCNGuatemala) November 24, 2021
Pero los beneficios que obtienen los partidos políticos al no reformar la ley electoral también pasan por la materia financiera, ya que actualmente el TSE es incapaz de fiscalizar como debería a cada organización política.
“Hay varias ventajas, un abaratamiento en el proceso electoral, se volvieron campañas mucho más austeras pero eso no significa que exista transparencia en los recursos, hay todavía vacíos que se deben de llenar en materia de transparencia y financiamiento electoral”, explica Dabroy.
Pero el gran ganador con llegar a las elecciones del 2023 con una LEPP sin cambios son los partidos políticos de antaño, aquellos que ya son conocidos, según el análisis de Alejos.
“El TSE no puede vigilar la campaña anticipada, manejo de fondos…le falta mucho personal para verificar eso (…) hay ventaja para los partidos viejos porque sus símbolos y líderes ya son conocidos, pero es desventaja para los nuevos porque tendrán menos tiempo y la misma cantidad de anuncios que los partidos viejos para exponerse”, argumentó.
En este punto coincide la lectura de Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas y Nacionales (Cien), ya que asegura que los grandes partidos le cerraron la puerta a la competencia.
“Uno de los beneficios es para los partidos políticos grandes porque minimizan la competencia restringiendo a los comités cívicos en la forma de crear una nueva organización política, también el transfuguismo está regulado a favor de los grandes partidos evitando que las elecciones sean más competitivas”, indicó.
¿Qué hará el TSE?
El presidente del TSE, Rafael Rojas, coincide en que es complejo encontrar reformas a la LEPP previo a la convocatoria de elecciones, por eso están pensando en alternativas que permitan celebrar elecciones democraticas con orden y legalidad, pese a que el Congreso no reformó la norma.
Para ello están analizando hacer modificaciones a los reglamentos de Control, Fiscalización y Finanzas; Voto en el Extranjero y al de la Unidad de Medios y Estudios de Opinión.
“Nosotros estamos realizando una revisión final para una modificación a los distintos reglamentos y al reglamento de la ley, para así resolver algunos inconvenientes que surgieron; seguramente por la premura con la que la ley fue aprobada en el 2016 se pasaron algunos procedimientos y debemos de ver de qué manera los subsanamos”, señaló.
Por el tiempo es necesario que este estudio este lo más pronto posible, agregó el funcionario, “esperamos tener este análisis en menos de un mes. En este momento ya se invitó a los medios de comunicación para que se inscriban y puedan prestar el servicio de comunicación a los partidos, estos son temas que estamos previendo”.
Por su parte el diputado José Alberto Rivera, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, sigue optimista y pese a casi cualquier pronostico en contra asegura que aún están a tiempo de reformar la ley electoral.
“Estamos comprometidos con la población guatemalteca para que estas reformas a la ley electoral sean implementadas para las próximas elecciones 2023, es por ello que se ha trabajado arduamente dentro de la Comisión de Asuntos Electorales, para tener un Dictamen favorable lo antes posible y posteriormente con voluntad política pueda ser conocido y discutido rápidamente en el pleno”, señaló.
Rivera aseguró que no fue posible entregar el dictamen el pasado 15 de mayo porque hay algunos puntos pendientes de evaluar por el resto de diputados, pero destaca que aún es posible aplicar cambios, “no habrá deuda, en virtud que la comisión que presido, pretende presentar unas reformas a la LEPP que aumenten la confianza de la población y mejoren la democracia que tanto se requiere en Guatemala”.
Si los diputados pusieran de prioridad las reformas electorales como han hecho con los subsidios y los prestamos podría haber una esperanza, aunque es el escenario menos probable, destacan expertos.
Resta el dictamen y los acuerdos para que la iniciativa se apruebe en primer y segundo debate, luego de eso se necesita un respaldo de la Corte de Constitucionalidad (CC) por ser una norma de rango constitucional.
Tras ese segundo dictamen el documento tendría que regresar al Congreso para ser aprobado en tercera lectura y redacción final, todo esto antes de la convocatoria a elecciones prevista para el 20 de enero de 2023.
