La iniciativa 6054 pretende dar vida a una ley que sitúa bajo la rectoría técnica, financiera y administrativa del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las instituciones de competencia ambiental del país. La propuesta de decreto fue presentada en la Dirección Legislativa el 22 de marzo del año en curso. Causó sorpresa en el medio ambiental, porque pretende concentrar recursos en el Marn de instituciones técnicas como el Instituto Nacional de Bosques (Inab), el Consejo Nacional de Áreas protegidas (Conap), la Oficina de Control de Áreas de Reservas del Estado (Ocret), y las autoridades para el Manejo Sustentable de los lagos de Amatitlán, Atitlán, Izabal, Río Dulce y Petén Itzá. La iniciativa, además, está relacionada con las 6021 y 6055, que persiguen exonerar obras, proyectos o industrias que estén sancionadas y multadas por el Marn, sobre todo industrias extractivas. El rechazo ha sido masivo por parte de organizaciones ambientalistas, cámaras empresariales, industrias forestales, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio de Farmacéuticos y Químicos, entidades académicas como la Escuela Central de Agricultura, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Usac, y con justa razón, ya que la iniciativa no fue discutida con estas instituciones ni con los entes vinculados al tema ambiental.

Casi nadie lo ha mencionado, pero una de las razones a esta oposición es el hecho de que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales es un ministerio débil y politizado, no es precisamente un modelo de gestión; al contrario, dista mucho de cumplir las atribuciones para las que fue creado. En realidad, ha sido un escenario para el trámite de influencias, en el que los procedimientos marchan con desesperada lentitud. Los estudios de impacto ambiental (eias) se han convertido en un botín para profesionales avalados por este ministerio y funcionarios en turno, llegándose en el pasado al extremo de nombrar en un puesto del más alto nivel en la institución a una profesional con conflictos de intereses, propietaria de una empresa que realizaba estos estudios, los que obviamente agilizó bajo su mandato. Hubo ocasiones en que los estudios eran un copy paste de estudios realizados en otros países, con errores a causa del formato utilizado, en donde se encontraban incluso nombres de ríos inexistentes en el país, para poner un ejemplo. La posición de ministro en esta institución la han ocupado personas sin conocimiento del tema. Cuando se fundó, el puesto lo ocupó un diputado con desconocimiento total de “ambiente”, y han pasado varios sin credenciales científicas en la materia, uno de ellos incluso intentó que el Colegio de Ingenieros Agrónomos le otorgara el título de ingeniero agrónomo honoris causa, para sentirse justificado.

En repetidas ocasiones he mencionado que es necesaria una reingeniería de las entidades estatales, en donde se evite duplicación de competencias y se forme un Estado más eficiente. Considero que lo que hay que fusionar son ministerios que realizan actividades similares y que sus acciones sean más estratégicas y directivas que operativas, y que se deleguen funciones en forma descentralizada, para que la ciudadanía se empodere de los procesos, pero este debe ser un esfuerzo integral, de conjunto, y no aislado, como está ocurriendo con este ministerio, pues seguramente detrás de esta propuesta hay intereses maquiavélicos, oscuros y politiqueros de cara a un año electoral. El interés es centralizar lo técnico, lo administrativo y los recursos de estas instituciones, lo que pone en peligro el desempeño de las actividades de las instituciones con competencia ambiental. Esto politizará más sus acciones y se retrocederá en los pocos logros alcanzados hasta el momento. No es el momento de centralizar las competencias ambientales; habrá más daños que beneficios.