Una elección colegiada que excluye a tantos representantes por razones técnicas es simplemente nula en sí misma. Es por ello que el proceso efectuado ayer en el Parque de la Industria para elegir rector de la Universidad de San Carlos, con la sola presencia de delegados de uno de los participantes, resulta no solo cuestionable, sino perjudicial para la institucionalidad de esa casa de estudios, aunque al observar las prácticas es notorio que poco les importa a los patrocinadores de tal despliegue de intolerancia.

Por tratarse de la única universidad estatal del país, con autonomía para sus decisiones, lo más recomendable era repetir la elección en condiciones democráticas, sin injerencias, clientelismos y mucho menos conminaciones interesadas. Sin embargo, la autonomía fue la primera y mayor víctima de este encierro, pues la escenificación de voto forzadamente unánime —dado que no pudo entrar ningún opositor— fue custodiada por fuerzas policiales: algo nunca antes visto en la historia de la Tricentenaria.

Tenía prisa el candidato Walter Mazariegos, cuyo vínculo con el oficialismo podía considerarse dudoso hasta ayer pero se hizo elocuente al recibir respaldo de antimotines y también de agentes de una extraña guardia privada de la cual la misma PNC tomó distancia. Es lamentable que para ser declarado “rector” haya tenido que recurrir a la fuerza que tantas veces, históricamente, ha reprimido al estudiantado y a la intelectualidad crítica. Es claro también que artificiosamente se aceleró este sufragio colegiado antes de terminar de perder la hegemonía de los ofrecimientos y la inercia de los jaripeos y churrascos que marcaron su campaña.

A lo largo de dos décadas, el rectorado de la Usac ha ido cayendo en paulatino deterioro. Rectores han ido y venido sin que se consiga la auténtica mejora tecnológica, sin que se renueven las estructuras orgánicas que permitan una mayor representatividad en la elección de liderazgos y sin depurar los procesos internos de facultades para evitar que haya rectores o catedráticos capaces de vender cursos y títulos, ya sea por intereses pecuniarios o por favores.

El Consejo Superior Universitario, que tantas veces recibió los embates de la represión armada por enarbolar ideas de desarrollo, se convirtió esta vez en el instigador de un cerco policial que no estaba protegiendo sino a un grupo centrado en copar la institución una vez más, como ya lo han hecho rectores anteriores. No fue una exhibición de democracia, no fue un ejercicio académico, no fue un acto de honor, fue una votación a escondidas que mostró mucho más de lo que ocultó.

Las acciones legales por seguir deben apuntar a cuestionar la serie de indicios de ilícitos, no solo para conseguir que se repita todo el proceso que está bajo la sombra de fraude, sino para penalizar a quienes abusan de su poder. La Universidad de San Carlos está en manos de sus estudiantes y sus catedráticos, incluso de quienes fueron excluidos al no poder votar, debido a un reglamento viejo que ha sido aprovechado para sostener hegemonías podridas. Si dejan pasar este suceso como si nada, en vano habrá sido la muerte de tantos universitarios, de tantos maestros y rectores que buscaban, ante todo, la dignidad de su Alma Máter.