Aunque la crisis de desabastos en el sistema de Salud es evidente, el jefe de ese ministerio calificó de “regalo de Dios” que el actual mandatario tenga el título de médico, porque entiende las necesidades del área. Pero existe un problema paralelo sobre el cual las expectativas fueron grandes y los resultados, magros: es el de las extorsiones, un delito recurrente, de incidencia en alza y cuyos principales núcleos de origen son las cárceles, en las cuales se cuelan celulares —desde frijolitos hasta smartphones de última generación—, modems e instalaciones de internet que sirven para vastas campañas de exacción contra negocios, personas particulares y, ahora, iglesias evangélicas, cuando se esperaba que, con la llegada de un exdirector de Presidios a la presidencia, la mejora y modernización de la seguridad carcelaria fuera una meta cumplida del cuatrienio.

Durante su candidatura, Giammattei Falla ofreció, como se ve en videos grabados durante su campaña, aumentar la seguridad de penales, crear espacios de visita carcelaria, con vidrios de seguridad, e incluso poner a trabajar a los reos en fabricar ropa de cama hospitalaria, escritorios y colchones para comisarías de la PNC, tal como lo dijo en su “Compromiso número 34”, posteado en Twitter el 4 de agosto de 2019, a las 6 horas. “Hay mucho por hacer en las cárceles”, es la frase promocional latente mientras siguen las requisas en las que se continúan hallando dispositivos de comunicación con el exterior en poder de presos.

El Congreso aporta su cuota de omisión al dejar en suspenso la iniciativa 5192, que plantea endurecer penas por extorsión e impedir medida sustitutiva para los reincidentes. La propuesta surgió en 2018 y fue engavetada. A los diputados oficialistas les interesa más crear botines viales y amenazar los derechos ciudadanos.

El problema es que el tiempo perdido ha representado más vidas truncadas, personas ejecutadas por no tener con qué pagar las exacciones, familias enlutadas y una inercia carcelaria sobre la cual se quiere ahora vender la idea de que la solución está en construir una prisión de supuesta máxima seguridad en Masagua, Escuintla, por la bicoca de Q677 millones. Se desconoce si ya se tienen los estudios del impacto ambiental, social, económico y plan de ordenamiento territorial de este presidio, localizado en un punto de gran producción económica y que a futuro se ha visualizado también como hipotética área para un aeropuerto internacional. Además, una sola cárcel no soluciona un problema identificado en casi todos los centros de detención del país.

Existen también las bandas de “imitadores”, que aprovechan la sombra del terror pandillero para amedrentar a sus víctimas, un acto cobarde que también las hace merecedoras de sentencias ejemplares, pues la angustia causada conlleva agonía y muerte lenta de personas productivas, una tortura de la cual tampoco se ocupa la respectiva comisión nacional, más afanada en crear cortinas de humo y fabricar casos contra personas incómodas.

La extorsión es un peligro nacional y se debería abordar mejor en las 68 semanas que le restan a la actual gestión. El plazo funcional podría ser aún menor si se toma en cuenta la campaña electoral.
Todavía se puede y se debe hacer algo. La extorsión mata el espíritu emprendedor, la extorsión expulsa a personas trabajadoras que prefieren marcharse a un incierto norte que morir ejecutadas por órdenes emanadas tras las rejas. Para colmo, ahora hasta iglesias evangélicas están en la mira de holgazanes que buscan vivir a costa del sudor, la sangre y las lágrimas de los guatemaltecos honrados.