Sin bien ingresaron al país 25 millones 232 mil 320 (en 2021-2022) se perdieron cerca de 8 millones de dosis de Sputnik V, AstraZeneca, Moderna y Pfizer porque expiraron, pero también por descuidos en la cadena de frío.
¿Pero quién se hará responsable de esa pérdida millonaria? Hasta el momento no se tiene certeza sobre quién o sobre quiénes recae la culpa del perjuicio ocasionado a la salud de los guatemaltecos.
El acuerdo ministerial que establece cómo proceder ante estos casos data del 2011, y no contempla situaciones de pandemia o epidemias como la del covid-19. Por lo que a criterio de la diputada Evelyn Morataya debe modificarse para aplicarse en emergencias sanitarias como la actual, y que permita, además, saber qué hacer en el caso de vacunas o medicamentos vencidos.
La norma establece en el artículo 4 que “son causas de responsabilidad en el vencimiento de los medicamentos y productos afines -vacunas- cuando se compruebe que existió dolo, culpa, acción, omisión o negligencia en su utilización, dentro del período de vida útil”. De comprobarse lo anterior, los responsables deberán reponer el producto o bien pagar el monto del mismo.
Como parte del procedimiento que los trabajadores de salud deben seguir al momento de tener, en este caso, vacunas próximas a vencer, la norma establece que deben levantar un acta con los hechos y circunstancias que llevaron a que el producto expirara. Además de anotar todas las características del biológico. Esto los libraría de cualquier responsabilidad de la pérdida del producto.
En el caso de las vacunas covid-19 las razones pudieron ser varias, entre ellas, que el biológico se distribuyó con pocos días de vida útil, como también el rechazo de la población a vacunarse, pese al esfuerzo de los vacunadores a promover las dosis contra el covid-19.
Pero como la pita siempre se rompe por lo más delgado, bajo este articulado se pretende que el personal de salud de Sololá y Escuintla pague Q520 mil 900, porque el biológico asignado a sus áreas no se aplicó antes de la fecha de vencimiento.
De acuerdo con Eliú Mazariegos, director del Sistema Integral de Atención en Salud -SIAS-, los directores de Áreas de Salud son los responsables de las Unidades Ejecutoras y casos como el vencimiento de las vacunas deben apegarse a lo que establece el manual de procedimientos logísticos del ministerio que está vigente.
Los encargados de las áreas de Salud deben documentar el procedimiento de por qué no se aplicaron las vacunas, luego trasladar a la coordinación de asesoría jurídica y auditoría interna debe determinar si hubo o no responsabilidad administrativa.
“El área de salud tiene todo un proceso administrativo que cumplir, el que le hayan colocado un supuesto pago en efectivo -al personal de sanitario-, no necesariamente debe pagarse. Hay un proceso administrativo de contra revisión y varios procesos que se deben de cumplir previo a hacer el pago efectivo. No es el último paso, el que tengan que pagar”, refirió el director del SIAS.
“Lo que se ha sugerido a la Dirección del Área de Salud es que documente todos los procesos que haya hecho para evitar el vencimiento de las vacunas, esa es responsabilidad del Área de Salud”, agregó.
Para Morataya la responsabilidad recae sobre las Unidades Ejecutoras, y deben seguir el procedimiento adecuado para librarse de cualquier culpa.
“Se tiene que levantar un acta y decir que hubo resistencia de la vacuna por parte de la población, debe constar que se hizo toda una estrategia y que la población no se la quiso aplicar. Que salió hacer brigadas y la gente no la recibió. Hay muchas razones y que son reales, por las cuales las personas no quisieron vacunarse, y la responsabilidad suya como unidad ejecutora ya no recaería en usted, si usted demuestra que cumplió con todas sus funciones”, agrega la diputada.
Trabajan en nuevo acuerdo
En una reunión la semana pasada entre Mazariegos y Morataya se abordó cómo Salud trabaja el tema del vencimiento de vacunas contra el covid-19.
De ese encuentro salió que se elabora un nuevo manual de procedimientos logísticos de vacunas e insumos con su respectivo acuerdo ministerial para el abordaje en crisis o emergencias sanitarias como lo ocurrido con el covid-19.
“Ahorita no va a pasar nada más que continuar con el acuerdo 534-2011. Mientras el Ministerio de Salud no presente, actualice o haga un nuevo acuerdo, este se seguirá aplicando”, dijo Morataya.
De acuerdo con la diputada, Salud entregará un borrador este 10 de mayo de dicho acuerdo, que irá acompañado de un manual de procedimientos para ser usado en pandemias o epidemias. Este nuevo documento se trabaja en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud.
Morataya es de la opinión que este acuerdo debe abarcar no solo las vacunas que se utilizan en emergencias como la pandemia del covid-19, sino también el biológico que se aplica en el esquema regular de vacunación. No basta una actualización de la normativa vigente, pues el articulado se queda rezagado para los tiempos que corren, debido que viene vacunas con una menor fecha de vencimiento.
¡Vamos tarde, otra vez!
A criterio de Zulma Calderón, defensora de la Salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), que el Ministerio de Salud piense a dos años de la pandemia crear un nuevo acuerdo ministerial que de vida a un manual de logística para el manejo de vacunas como las del covid-19 es una muestra de que la improvisación sigue siendo la constante en el manejo de la crisis sanitaria en el país.
Este paso debió darse desde el momento en que nació la Ley para el financiamiento y adquisición de vacunas contra el coronavirus covid-19 y el Plan Nacional de Vacunación.
“Querer enmarcar el vencimiento de las vacunas en el manual que ya existía -el acuerdo 534- es imposible e incongruente. No procede”, añade Calderón, pues las dosis contra el covid-19 son distintas a las usadas en el esquema regular de vacunación. Esta es una situación atípica, y demuestra que “nuevamente estamos tarde con la gestión administrativa de la pandemia”.
En las supervisiones que la PDH ha realizado en el tema de las vacunas contra el coronavirus, Calderón señaló que la mayor parte e los directores de las áreas de salud se negaban a recibir las vacunas covid-19 con tan corto tiempo de vida útil. Pese a ello se las enviaron.
Agrega que esto es improcedente, pues el acuerdo ministerial determina que no se pueden recibir insumos, medicamentos y vacunas si no tienen al menos un año de vida útil.
La responsabilidad, tanto Morataya como Calderón opinan que recae sobre las autoridades del Salud que adquirieron una cantidad millonaria de vacunas que expirarían pronto y que no se tenía la logística ni la capacidad para acercarlas a la población.
“Hemos tenido tales escándalos en Salud Pública con menores cantidades de vacunas vencidas del esquema regular, pero ahora no pasa nada. Ni la Contraloría General de Cuentas ni Ministerio Público hace algo”, reprocha la representante de la Salud de la PDH.
