La regresión autoritaria se está consolidando en Guatemala. Nuestra débil democracia enfrenta múltiples amenazas que la erosionan cada día más. La alianza que aglutina a poderosos sectores que buscan seguir manteniendo sus privilegios, sus redes de corrupción y su impunidad continúa con su estrategia de persecución y hostigamiento.

Quiere deshacerse a como dé lugar de todas las personas y grupos que representan un obstáculo para sus fines y, por eso, ha emprendido un ataque sistemático y sostenido contra medios y periodistas independientes.

El gobierno, con Alejandro Giammattei a la cabeza, dedica recursos y actos públicos para atacar y desprestigiar a quienes informan e investigan la corrupción de su administración. Impide que periodistas críticos participen en las ruedas de prensa y le cuestionen, y niega información pública que por ley está obligado a entregar.

El MP de Consuelo Porras, en sintonía con las autoridades del Organismo Judicial y con operadores de justicia que son parte de las redes de tráfico de influencias e impunidad, fabrica casos para perseguir a periodistas y encarcelarlos. La criminalización que no es otra cosa que el uso indebido del Derecho Penal como herramienta de castigo y escarmiento, busca silenciar y amedrentar para evitar que se siga publicando sobre casos de corrupción. La peor parte se la llevan las y los periodistas comunitarios y departamentales que son criminalizados por las autoridades locales y por jueces y fiscales que, en contubernio con personeros de empresas extractivas, megaproyectos y terratenientes, dan trámite a denuncias espurias y a órdenes de captura ilegales.

Además de las amenazas a su vida y a su libertad, decenas de periodistas están enfrentando campañas de descrédito y difamación que se difunden a través de las redes sociales y de medios afines a los grupos de poder. No son acciones aisladas ni casuales, son parte de un plan bien orquestado que pretende afectar su trabajo, restar credibilidad a sus investigaciones, justificar la persecución en su contra y “asesinar” su reputación.

A las periodistas, además, se nos ataca por nuestra condición de mujeres. Muchas publicaciones en redes están cargadas de comentarios sexistas y misóginos que incitan y promueven el odio, la discriminación y la violencia en nuestra contra.

Esta estrategia de manipulación y descrédito está siendo financiada por grupos que se vieron afectados en los procesos judiciales por casos de graves violaciones a los derechos humanos y gran corrupción, muchos de los cuales fueron develados por los medios independientes. También se destinan recursos públicos para alimentar las redes de acoso digital, pagar granjas de troles e, incluso, cubrir los servicios y el alquiler de las instalaciones donde funcionan algunos netcenter.

Hoy, 3 de mayo, en que se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa es imperativo insistir en la función central que cumple el periodismo independiente en una democracia. La información es un derecho ciudadano. Cuando las voces de las y los periodistas son silenciadas pierde la población y ganan los corruptos y los corruptores. Es gracias a la información que se difunde y se publica que la sociedad puede conocer el uso que se le da a sus impuestos, los sobornos en los contratos por obras de infraestructura, compra de vacunas y medicamentos; la violencia sexual contra niñas y mujeres, y las condiciones deplorables en las que vive la mayoría de las y los guatemaltecos —producto de un sistema económico concentrado y desigual— que les obliga a migrar.

La prensa independiente pone luz sobre aquello que los poderosos quieren mantener oculto y por eso está bajo asedio. Pero a pesar de los ataques y las amenazas, seguiremos haciendo lo que sabemos hacer. #NosNosCallarán.