Es bueno que el ánimo productivo, recreativo y devocional de la población se levante, tal como ocurrió en los días de Semana Santa, a pesar de que la pandemia aún no ha terminado y sobre todo a luz de rebrotes como los registrados en China, en donde surgió la cepa inicial, que han obligado a nuevos encierros sanitarios preventivos. Nadie quiere volver a los enclaustramientos y mucho menos retornar a la angustia de los hospitales saturados de pacientes críticos, pero para ello es necesario reducir la transmisión del coronavirus e interrumpir su abecedario griego de mutaciones.

La impaciencia nunca es buena, y ya mucha gente alrededor del planeta come ansias por el fin de las restricciones sanitarias. Posiblemente a nivel personal, familiar o empresarial pueda haber cierto margen de flexibilidad, aunque no totalmente libre de riesgos. Pero para ningún gobierno es momento de lavarse las manos y mucho menos de querer  crear vórtices distractores a partir de severos cambios que podrían crear más polémica que aporte real a la productividad, si es que esta fuera el objetivo.

La misma población se encuentra dividida en cuanto a la necesidad de mantener el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos. Un sondeo efectuado por Prensa Libre a través de la red social Twitter reflejó que 52 por ciento de usuarios cree que ya no debe ser obligatorio y 48 por ciento piensa que debe mantenerse la obligatoriedad de su utilización. No se trata de una encuesta y, por ende, podría existir variación en uno u otro sentido, pero es evidente que aún hay aprensiones y sentidos precautorios que deben ser respetados. Ya con más de dos años de uso, la mascarilla forma parte de la rutina y no hará daño mantenerla hasta que se oficialice globalmente la remisión de la pandemia.

Toda decisión de Salud Pública no se basa en preferencias y menos en percepciones. Es la voz colegiada de médicos y especialistas epidemiológicos la que prima sobre la opinionitis política y más aún  sobre toda agenda propagandística. El presidente anunció el anuncio —valga la redundancia— de modificaciones en las medidas sanitarias. Se armó el barullo, la especulación. Verdadero acto de responsabilidad y equilibrio habría sido oficializar los cambios, cautos, graduales, técnicamente fundamentados, con anticipación suficiente a su entrada en vigor.

El deficiente avance de la vacunación se quiere presentar como un logro, cuando en realidad dista de serlo. Solo la mitad de la población vacunada con esquema completo no es satisfactorio. La mayor deficiencia de la comunicación de este proceso radicó en  su miopía respecto de la multiculturalidad y plurilingüismo, un lastre que aún abona en desconfianza, prejuicios y reticencia a la inmunización. Por otro lado, siguen sin definirse fechas y montos para la compra de vacunas para niños de 6 a 11 años. Salud afirma que se adquirirán dosis conforme lo demande la población, un razonamiento ambiguo, chantajista e irresponsable. Se escudan en la falta de certeza sobre disponibilidad de fármaco, pero es exactamente la misma excusa que llevó a la oscura compra de vacunas rusas, de las cuales se perdió ya el equivalente a Q300 millones.

Es obvio que un pedido oficial de donación de vacunas Pfizer a EE. UU., el mayor donante de dosis al país —más de 6.5 millones de unidades— obtendría resultados inmediatos. Pero también es obvio que este gobierno evita tener cualquier deuda moral con el gobierno de Biden debido a despropósitos en otras áreas. En ambos casos, quien paga la factura es la población y, en este caso específico, la niñez en edad escolar.