La desinformación no es un fenómeno novedoso. Sin embargo, el volumen de la información falsa que circula y la velocidad con la que se propaga la están convirtiendo en un problema muy grave.

Si bien las plataformas digitales y las redes supusieron un cambio cuantitativo y cualitativo en términos de pluralidad y diversidad de los contenidos, también trajeron una complicación: millones de personas reciben informaciones falsas o engañosas, las toman como verdaderas, y las difunden. Ni hablar del cambio radical que se dio con la aparición de los teléfonos “inteligentes” que multiplicó hasta el infinito la posibilidad de interconexión —todo está a un click de distancia—, pero restó confiabilidad sobre los datos o noticias que se difunden.

Las y los especialistas señalan que no solo hay un impacto en el tiempo de uso de los dispositivos móviles, sino en la forma en la que nos informamos. Cada vez más la fuente principal de noticias son las redes sociales, sin que exista preocupación por verificar si la información proviene de una fuente confiable o si el medio que la difundió existe.

Al respecto el investigador brasileño en Políticas de Comunicación, Internet y Cultura, João Brant, señala: “Si el ambiente informacional como tal no tiene fiabilidad, hay un problema central para la democracia porque se afecta el derecho de la población a estar correctamente informada para su toma de decisiones”. Y este es un punto central al que hay que ponerle especial atención en Guatemala. En muchas ocasiones quien comparte una “fakenews” no tiene la intención de desinformar porque no es consciente de la falsedad de la información, pero es notorio que existen redes que se dedican a manipular a la opinión pública.

En palabras del colega Luis Assardo: “cuando se comparte información falsa de forma sistemática, se utilizan recursos para hacerlo y existe la intención de manipular o contaminar el debate público, nos encontramos frente a una operación de influencia que busca generar incidencia, tendencia o hacer cambiar de parecer a las personas sobre determinados temas”. En estas operaciones de influencia se pueden identificar usuarios falsos, sitios web disfrazados de medios de comunicación y netcenters que deliberadamente difunden rumores o información falsa y fabricada con el objetivo de engañar y manipular. Pero estas “milicias digitales”, como las llama la periodista Patrícia Campos Mello, no solo se dedican a desinformar. A través de las redes también propagan, incitan y promueven narrativas de odio, discriminación y violencia contra ciertos grupos, sectores y personas a quienes consideran sus enemigas. Basta revisar plataformas como Twitter y Facebook para identificar cientos de cuentas que lanzan mensajes agresivos y campañas de descrédito y difamación.

El acoso digital está siendo una de las herramientas preferidas de los grupos de poder para allanar el camino de la criminalización contra operadores de justicia, líderes sociales y comunitarios, activistas, periodistas independientes y opositores políticos. Es una estrategia común de gobiernos y sectores autoritarios para evitar rendir cuentas, evadir la auditoría social y restar credibilidad al periodismo de investigación. Especial preocupación causa la agresividad y el odio contra de las mujeres en las redes. Las respuestas a sus publicaciones digitales reciben frecuentemente comentarios machistas y misóginos, alusiones a la apariencia física y ataques con alto contenido sexual. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que en Guatemala se está utilizando el “asesinato” de la reputación y el acoso digital para diezmar las voces críticas y asfixiar cualquier disidencia. Estos ataques tienen un efecto silenciador; inhiben a las personas de participar y manifestarse y causan un daño irreparable a nuestra moribunda democracia.