La alianza oficialista de proponérselo cuenta con la mayoría para aprobar una ley en cuestión de días, pero por tratarse de una norma de rango constitucional también se necesita el aval de la Corte de Constitucionalidad (CC).
Cualquier cambio que reciba la LEPP tiene que haber entrado en vigencia antes de la convocatoria elecciones, que según la calendarización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) será en enero de 2023.
Aunque parezca haber voluntad desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Electorales para promover una reforma, el principal enemigo que ven analistas para la aplicación de la reforma se resume al tiempo.
Buena parte de las propuestas de cambios a la ley electoral nacieron desde la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), que aglutinó la representación de distintos sectores sociales de Guatemala.
El primer documento de propuestas a reforma a la LEPP llegó al Congreso y desde 2020 fue objeto de análisis, sin que el tema fuera abordado como prioridad, eso según la visión de Pedro Cruz, representante de Primero Guatemala.
Existen riesgos de enfrentar un proceso de elecciones generales sin cambios en la ley electoral, según expertos que visualizan un deterioro en el sistema democrático y una victoria universal a favor de los grandes partidos políticos.
Discrecionalidad y abuso
En las elecciones generales de 2019 por primera vez se castigó a los diputados tránsfugas, aquellos que cambiaban de partido alineándose al más fuerte y dejando de lado la ideología política.
Pero esas reformas aprobadas en 2016 no se aplicaron de la misma forma para todos, eso según el criterio de Fernando Ixpanel, de la Asociación en Investigación y Estudios Sociales (Asies).
“La posible discrecionalidad para la inscripción de candidaturas, campaña anticipada, riesgos en el proceso de campaña por el régimen de medios, estos eran temas que si se requerían cambiar pero que quedaron pendientes”, señaló.
Otro de los grandes riesgos que existen de enfrentar elecciones sin cambios en la norma electoral es el control excesivo que podría llegar a un “abuso” del TSE sobre los medios de comunicación, según Francisco Quezada del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
“Hay una regulación oscura a los medios de comunicación, hay partes inconstitucionales donde si aplicamos la ley como están pueden obligarlos a que anuncien a una tarifa muy reducida, hay temas inexplicables de como la CC aceptó esas reformas”, señaló.
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Contra reloj
Algunas de los eventuales cambios a la ley electoral que destacan es la elección de diputados mediante listados abiertos, para que el votante seleccione a un diputado y no a un conjunto.
Este nuevo sistema de votación podría mejorar en la representatividad según expertos, pero no contar con un sistema de votación electrónico y no conocer el nuevo sistema de votación de diputados puede hacer que la reforma, aunque se apruebe sea difícil de ser aplicada en las elecciones del 2023.
“Si sería muy difícil en el caso que se aprobaran las reformas que se implemente alguno de los cambios o hacerlo a corto plazo de manera correcta, en 2019 el transfuguismo fue reformado dos años y medio antes, aun así hubo discrecionalidad e incertidumbre en ese tema”, enfatizó Ixpanel.
“El último proceso no fue bueno; se mantuvo la democracia, no hubo mayor problema con la contabilidad de votos, pero hubo mucho ruido alrededor del proceso porque las reglas no están claras”, recordó Cruz.
El aparente desinterés del Congreso sobre las reformas electorales dejará a una clase política dudosa robustecida y a una sociedad desmotivada, según la conclusión de Quezada.
“Si esto se queda como esta los grandes partidos hegemónicos serán los grandes ganadores al no permitir competencia, el gran perdedor será la democracia porque el abanico de oportunidades se centran en los que se dieron a conocer en el pasado, el pastel siempre va a quedar repartido entre los mismos”.
Promete dictamen
La responsabilidad del dictamen de reformas a la LEPP cae sobre la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso, que durante los primeros dos años de legislatura aparentemente no avanzó en el tema, según el nuevo presidente.
En 2020 la comisión estuvo a cargo de la diputada Greicy de León del partido Vamos, en 2021 su presidente fue Lorena de León Teo de Bienestar Nacional (Bien) y en 2022 preside José Alberto Rivera, de Compromiso Renovación y Orden (Creo).
Rivera reconoció la preocupación ciudadana, pero fue claro en decir que sus antecesores no le entregaron un trabajo previo. “Lamentablemente no recibimos de la comisión anterior un borrador de dictamen, tuvimos que empezar de cero. Ya estamos muy avanzamos y esperamos concluir con el dictamen las primeras semanas de mayo”.
El Congresista se comprometió a presentar en Dirección Legislativa el dictamen a más tardar el 15 de mayo, y pese a todo pronóstico considera que si están a tiempo de aplicar nuevas reglas a los comicios del 2023.
El parlamentario refirió que el TSE cuenta con Q500 millones adicionales, exclusivamente para que se prepare para las elecciones, recursos que podrían ser empleados para capacitaciones.
Sin embargo pese a esa buena voluntad en la Comisión siguen sin llegar a acuerdos en temas polémicos y de discusión como el transfuguismo y los listados abiertos, “todavía no ha sido discutido ampliamente por esta comisión, señala el congresista al ser consultado.
Pese a tener una buena voluntad para la presentación del dictamen y promover cambios, la realidad es que cada día que pasa se aleja cada vez más la posibilidad para que las elecciones generales del 2023 se discutan con nuevas reglas.
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