Es predecible la respuesta oficial al informe del estado de los derechos humanos en el mundo en 2021, elaborado por el Departamento de Estado de EE. UU. y divulgado ayer: se negarán señalamientos y se proclamará una versión de “normalidad” en el devenir de la justicia y la conducción de los poderes del Estado. Sin embargo, acciones análogas se convierten en patrones que a la vez denotan posibles agendas y suscitan temores que representan una contradicción en un estado de Derecho.

Un síntoma de tan peligroso y subrepticio círculo vicioso salió a la luz en una publicación de Prensa Libre, en la cual varios jueces manifestaron ser víctimas de vigilancia ilegal, de extrañas visitas que consideran intimidatorias y de total falta de apoyo de la mayoría de integrantes de la actual Corte Suprema de Justicia.

EE. UU. identifica un “socavamiento de las instituciones anticorrupción y el Poder Judicial por parte de actores políticos corruptos”, así como persecución en contra de jueces y fiscales que denunciaron, detuvieron y acusaron a integrantes de estructuras vinculadas con mafias y el crimen organizado. El parlamento de la Unión Europea denunció algo similar la semana anterior y ninguna figura local de los tres poderes se molestó siquiera en investigar, por obvias razones. El informe de EE. UU. prosigue con la descripción de la situación diciendo que la ley “establece sanciones penales para la corrupción oficial, pero los funcionarios frecuentemente cometieron prácticas corruptas con impunidad”, y menciona tanto al organismo Ejecutivo como al Legislativo, en los cuales no hay denuncias penales de importancia ni la Fiscalía las ha perseguido con celeridad, inacciones que al repetirse conforman un claro patrón.

La denuncia más grave del reporte refiere dos vulneraciones: “fiscales anticorrupción fueron despedidos o destituidos de casos importantes y actores corruptos amenazaron a jueces independientes al presentar denuncias basadas en cargos falsos para despojarlos de la inmunidad procesal”. Y como se señaló al principio, es de esperar una respuesta de indignación o victimización oficial.

Al colocar en la balanza discursos y conductas, expectativas y realidades, deberes e incumplimientos es posible aseverar que no es normal la prolongación de una corte acomodaticia que se autoexime y a sus allegados de antejuicios. No es normal que el Congreso de la República se haga de la vista gorda, por conveniencia o incapacidad, y permita que los titulares de la CSJ y salas de Apelaciones excedan ya los 30 meses en el cargo: la mitad del período de los sucesores que se han resistido a elegir de viva voz y de cara a la ciudadanía.

No es normal que dicha anomia legislativa prevalezca, apoyada por partidos que a estas alturas ya deberían haber sido cancelados o incluso lo están, pero siguen presidiendo o formando parte de la directiva. No es normal que se denuncien fragmentaciones de compras hospitalarias por montos millonarios y uno de los responsables presuma públicamente de inamovilidad, a pesar de su ineficiencia.
No es normal que fiscales sean encarcelados en procesos originados por denuncias que no se pueden conocer debido a que fueron declarados bajo reserva. Y no es normal que una postuladora para nominar a candidatos a fiscal general reciba y deje fuera de los criterios de exclusión las objeciones presentadas, como tampoco es normal que una aspirante los amenace con acciones penales si osan revisar amplios trozos de su tesis consignados sin citar autor.