El informe anual sobre derechos Humanos del Departamento de Estado, que fue presentado por el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, tiene un apartada para cada país, y en el caso de Guatemala destaca como la corrupción y la impunidad se han beneficiado gracias a la persecución contra jueces y fiscales anticorrupción.
“La impunidad siguió siendo generalizada. La corrupción, los esfuerzos concertados de los actores del crimen organizado y el socavamiento de las instituciones anticorrupción y el poder judicial por parte de actores políticos corruptos dificultaron la investigación y el enjuiciamiento significativos de los delitos, incluida la corrupción, que involucran a funcionarios públicos”, refiere el informe.
El informe de EE. UU. detalla que en Guatemala “la ley prevé un poder judicial independiente”; sin embargo, en términos generales, “el sistema judicial no proporcionó juicios justos ni oportunos debido a la ineficiencia, la corrupción y la intimidación de jueces, fiscales y testigos”.
Refiere que “jueces, fiscales, querellantes y testigos continuaron denunciando amenazas, intimidaciones y vigilancia, incluso por parte de funcionarios gubernamentales, como hostigamiento a fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y jueces del Juzgado de Mayor Riesgo”.
Corrupción y falta de transparencia en el Gobierno
De acuerdo con el informe, aunque la ley de Guatemala “establece sanciones penales para la corrupción oficial, pero los funcionarios frecuentemente cometieron prácticas corruptas con impunidad” y pese a “las numerosas denuncias de corrupción entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, pocos casos de alto perfil fueron procesados durante el año y los esfuerzos anticorrupción dentro del poder judicial se estancaron”.
Refiere que “destacados fiscales anticorrupción fueron despedidos o destituidos de casos importantes, y actores corruptos amenazaron a jueces independientes al presentar denuncias basadas en cargos falsos para despojarlos de la inmunidad procesal”.
“Las amenazas contra jueces independientes también representaron una amenaza para los esfuerzos anticorrupción. Los jueces que presidieron casos penales de alto perfil enfrentaron esfuerzos continuos para despojarlos de su inmunidad, lo que los expondría a un posible enjuiciamiento y represalias por sus decisiones judiciales”, refiere el informe.
Recuerda que el 23 de julio, la fiscal general Consuelo Porras “destituyó abruptamente al titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval”, quien esa misma noche huyó del país luego de dar una conferencia de prensa en la Procuraduría de los Derechos Humanos, en la que implicó a varios funcionarios y exfuncionarios del Gobierno en casos de corrupción.
El 2 de septiembre un juzgado penal dictó orden de aprehensión contra Sandoval por los delitos de obstrucción a la justicia e incumplimiento de funciones oficiales. El 30 de noviembre el MP anunció una nueva serie de cargos contra Sandoval que incluyen abuso de autoridad, fraude y conspiración relacionada con tratos que Sandoval supuestamente hizo con testigos que cooperaron en casos de corrupción.
Referente a casos de corrupción, el informe hace referencia al caso del exministro de Comunicaciones José Luis Benito, quien es investigado por irregularidades en la construcción del Libramiento de Chimaltenango y por sus vínculos con el hallazgo de varias maletas repletas de millones de dólares en Antigua Guatemala.
También menciona al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, implicado en varios casos de corrupción que salpican, incluso, a algunos expresidentes.
Retraso en elección de cortes
Además, refiere que, al 13 de abril de 2021, la Junta Directiva del Congreso tomó juramento a siete de los 10 nuevos miembros de la Corte de Constitucionalidad para el período 2021-2026, pero los diputados se negaron a nombrar a la magistrada titular independiente reelegida Gloria Porras, citando una medida cautelar.
“La sociedad civil expresó su preocupación por que hasta noviembre la corte había fallado consistentemente a favor de la coalición de gobierno”, refiere.
Amenazas, acoso, vigilancia y coerción
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), informó que la Policía entrevistó a sus padres y entró a su casa buscándolo a pesar de que su paradero en Estados Unidos había sido ampliamente reportado.
El 29 de septiembre de 2021, la exjueza de Alto Riesgo Erika Aifán publicó en redes sociales que durante años los funcionarios implicados en los casos que ella presidía la monitorearon colocando personal en su sala de audiencias y oficina, y que estos trabajadores a menudo filtraban detalles de casos importantes a esos acusados de corrupción.
Los fiscales del Departamento de Derechos Humanos del Ministerio Público que estaban procesando casos de crímenes de guerra de la era de la guerra civil contra exmilitares informaron que después de los arrestos de mayo relacionados con el caso del Diario Militar, fueron seguidos por camionetas sin identificación y experimentaron gestos amenazantes de otros vehículos, según el documento.
Arrestos arbitrarios
Con respecto a los arrestos arbitrarios, refiere que, al 31 de agosto de 2021, la Oficina de Responsabilidad Profesional de la PNC había recibido 48 denuncias de detención ilegal por parte de sus agentes y los informes indicaron que “la Policía ignoró los recursos de hábeas corpus en casos de detención ilegal”, particularmente durante operaciones antipandillas en vecindarios.
En uno de esos casos destaca que el 19 de mayo de 2021, la PNC arrestó a Juan Francisco Foppa, extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria, por presunta falsificación de documentos al registrar un nuevo partido político, a quien la policía lo siguió en un automóvil sin identificación, fuera de los procedimientos policiales permitidos, lo detuvo y luego lo arrestó, sin causa ni orden de arresto.
Agrega que, de enero al 31 de agosto de 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos contra Trabajadores Judiciales y Sindicalistas recibió 69 denuncias por amenazas o agresiones contra trabajadores del Poder Judicial y 53 contra activistas prosindicales, “para un total de 122 denuncias, frente a 194 en 2020”.
El informe recuerda que el 11 de octubre de 2021, la fiscal general Consuelo Porras anunció la reasignación de la fiscal principal de derechos humanos Hilda Pineda a una oficina que investiga delitos contra turistas.
“Pineda era conocida por perseguir agresivamente el enjuiciamiento de los abusos a los derechos humanos por parte de los militares durante la guerra civil, incluido el genocidio contra la comunidad maya ixil y el caso del Diario Militar”, detalla el documento.
Señala a la PNC
De acuerdo con el reporte del Departamento de Estado, “hubo informes de que el Gobierno o sus agentes cometieron homicidios arbitrarios o ilegales”; además, señala que, al 31 de agosto de 2021, el MP y la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron cinco denuncias por “homicidio policial”, tres más que en 2020 y destaca que la PNC “no brindó mayor información sobre ninguno de estos casos”.
Destaca que, aunque la impunidad en la PNC no fue un problema “generalizado o sistémico”, los delitos menores de negligencia y soborno por parte de agentes continuaron, como sucedió con la impunidad en la Dirección de Puertos, Aeropuertos y Puntos Fronterizos de la PNC donde los sobornos fueron recurrentes.
También recalca que La Unidad para la Protección de Defensores de Derechos Humanos denunció que al menos siete miembros de grupos activistas rurales e indígenas “fueron asesinados o murieron en circunstancias controvertidas” entre enero y noviembre y que algunos de los asesinatos parecían tener motivaciones políticas.
Con respecto a la tortura, el informe destaca que en Guatemala “los mecanismos de documentación y denuncia (…) seguían siendo débiles”, lo que dificulta una “comprensión completa de la prevalencia del problema” y hacer referencia a que hubo casos de negligencia de “funcionarios penitenciarios que permitieron que los presos experimentaran violencia y condiciones degradantes”.
“Las condiciones de la prisión eran duras y amenazaban la vida, con múltiples casos de reclusos que mataron a otros. La agresión sexual, el saneamiento inadecuado, la atención médica deficiente y el hacinamiento significativo colocaron a los presos en un riesgo significativo”, refiere el reporte.
También hubo denuncias sobre “condiciones inseguras y de hacinamiento en el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora durante la pandemia de covid-19.
Respeto a las Libertades Civiles
El informe detalla que “la ley establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, pero el Gobierno no siempre respetó este derecho. La intimidación de periodistas aumentó durante el año y resultó en una importante autocensura”.
Detalla que “los miembros de la prensa informaron haber recibido presiones, amenazas y represalias de funcionarios públicos y organizaciones criminales con respecto al contenido de sus informes. Los ataques en línea contra periodistas independientes y medios de comunicación continuaron durante todo el año. Estos incluyeron piratear las cuentas privadas de los medios sociales de los periodistas, publicar información personal robada o falsificada y realizar intentos aparentemente coordinados para socavar a periodistas específicos y a la prensa”.
La Fiscalía de Delitos contra Periodistas reportó 60 denuncias de agresiones o amenazas contra periodistas de enero a agosto de 2021, frente a 73 en igual período de 2020, y ningún homicidio, frente a uno reportado en igual período de 2020.
Posturas
Con respecto al informe, el MP señaló que este “hace referencia a muchas instituciones” y que en lo que corresponde a la Fiscalía, “todo su actuar está siempre fundamentado en lo que establece la ley”.
Añade que “en ese sentido, siempre actúa con objetividad, imparcialidad y con apego al principio de legalidad. La actual administración del Ministerio Público ha sido garante del respeto a los derechos humanos y del cumplimiento de la ley, su actuar siempre ha sido conforme a lo que establece su mandato constitucional, coadyuvando al fortalecimiento del estado de Derecho en Guatemala”.
En tanto, Presidencia de la República dijo que “el Gobierno de Guatemala no ha conocido los detalles del informe en mención. Se estará analizando a detalle para poder emitir un criterio en el momento oportuno”.
