Me había tocado visitar dos prisiones: a entrevistar a un pandillero y por una clase de la universidad. Esta vez se trataba de una visita propiamente dicha. Las cinco fiscales presas —Leyli Santizo, de Cicig, y Siomara Sosa, Virginia Laparra, Paola Escobar y Aliss Morán, de la Feci— representaban con fidelidad la cacería que ocurre en estos días, al estilo de Nicaragua, contra quienes construyeron las investigaciones que revelaron las redes criminales que han saqueado al Estado.

Tras ingresar al Mariscal Zavala debimos caminar en medio de un bosque, sobre un camino de tierra. Apareció, luego, la caseta donde uno debe registrarse y le colocan los sellos del Sistema Penitenciario en el antebrazo. A la par había una malla dividiendo a las visitas de los residentes de la prisión, quienes nos observaban vestidos en pantaloneta y playera. Ahí era el área de los hombres. Del otro lado estaba la entrada hacia el sector donde se encontraban las fiscales.

Al pasar el portón de ese sector, un policía estaba sentado viendo hacia la bartolina en la que vivieron las cinco fiscales; dormían en dos literas y un colchón que se mantenía recostado en la pared, pues si se colocaba en el suelo no dejaba ningún espacio libre.

Al entrar escuché el agua tronar, pues alguien se bañaba ahí adentro. Cuando las apresaron no había dónde dormir, por lo que organizaciones de derechos humanos les llevaron colchones. Solamente las dejaban salir una hora al día para recibir el sol, mientras que, sin ningún empacho, poderosos acusados se paseaban afuera de su celda. Atrás del cuartito vive Otto Pérez Molina.

Esta visita se dio cuando Leyli Santizo, Siomara Sosa, Paola Escobar y Alis Morán aún estaban recluidas. Ahora ellas cuatro han salido y solo quedó Virginia Laparra, exjefa de la Feci de Quetzaltenango, a quien capturaron por haber denunciado administrativamente al juez Lesther Castellanos, quien recién fue nombrado Relator Contra la Tortura por el Congreso, con el apoyo total de los diputados oficialistas.

Los casos de Paola y Alis se cayeron por falta de pruebas (las acusaban de haber presionado a un testigo sindicado en el caso Comisiones Paralelas), y a Leyli y a Siomara les quitaron el delito de obstrucción de justicia, que el fiscal Rafael Curruchiche usó para argumentar que eran parte de una estructura criminal inusitadamente conformada por abogada y clienta. Ningún juez se creería eso, por lo que al emitir su resolución consideró que no existían indicios de que se tratara de criminalidad organizada. Las ligó por el delito de coacción y les revocó la prisión preventiva.

Las partes acusadoras, con sus violentas publicaciones en redes sociales, demuestran que estos casos son parte de una venganza por haber conducido procesos de alta envergadura. Con total impunidad publican información reservada y han incluso agredido a las exfiscales Santizo y Sosa, por lo que ellas denunciaron violencia contra la mujer, una acción que no ha tenido ninguna respuesta.

Es evidente el montaje de estos casos que se están cayendo, pero han logrado causar zozobra, pues cualquiera considerado enemigo del régimen de impunidad (fiscales, jueces, activistas, periodistas) puede ser un próximo objetivo.

Ante este clima regresivo, como población, es importante unirnos en repudio de estos hechos que buscan acallar las voces críticas, y en estos momentos debemos seguir con atención el avance de estos procesos. Lamentablemente, Laparra, a quien el juez Sergio Mena le ha negado dos veces el arresto domiciliar, continúa refundida en una oscura bartolina, apenas viendo la luz del día.

*Aún se encuentra en prisión Virginia Laparra, a quien la dejan salir solamente una hora al día.