Varias de ellas me han dicho que quieren llegar a ser “licenciadas”. Apenas son niñas o adolescentes y me llama la atención que no me digan que quieren ser cantantes, actrices o mamás. Quizás es porque todas han sido víctimas de violencia sexual y/o trata de personas. Cuando les pregunto qué quiere decir “licenciada”, me dicen que significa abogada. ¿Por qué?, repregunto. “Porque quiero defender en el futuro a otras como yo”, es la respuesta más común, aunque no la única.

¿Y cómo saben que una abogada podría defenderlas? Primero, porque han sido de las pocas que han tenido contacto directo con magistradas, juezas, fiscales y abogadas que las respetan y han creído en ellas. Hemos tenido, por ejemplo, importantes visitas como la de la Magistrada Delia Dávila, gran defensora de los derechos de las niñas y adolescentes víctimas de trata, así como de las integrantes de la Asociación de Juezas. Segundo, porque esas magistradas, juezas, fiscales y abogadas han respondido a cada una de sus preguntas sobre sus procesos judiciales con información cierta y confiable. Además, porque han visto cómo una “licenciada” con suficiente ética y conocimiento acompaña su proceso judicial, algo que, en Guatemala, es siempre muy cuesta arriba, sobre todo sabiendo que la impunidad es la norma frente a este tipo de delitos.

Pienso en las actuales magistradas, juezas, fiscales y abogadas honestas y valientes que alguna vez fueron las adolescentes que soñaron con ser parte de la justicia en su país. Pienso también en las que lo soñaron y se perdieron en el camino, doblegándose ante un sistema corrupto que le hace el juego a la impunidad. Pienso en lo que ha costado que las mujeres lleguen a ser abogadas en un país como Guatemala, donde no fue sino hasta 1942 cuando Graciela Quan Valenzuela consiguiera el título de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, pocos años antes de que las mujeres pudiéramos votar. Y no está demás decir que la Cátedra de Derecho Canónico existía desde 1620, antecesora de las cátedras prima de Leyes y la de Derecho Civil, y el Colegio de Abogados existe desde 1810, pero era un espacio exclusivo para los hombres.

Por todo lo anterior, valoro a las que han abierto y siguen abriendo brecha en un país conservador y hoy corrupto. Valoro a todas las mujeres de la justicia que han tenido que salir al exilio en estos dos últimos gobiernos, porque en Guatemala hay un sistema judicial sin independencia, que favorece la corrupción, el litigio malicioso y la impunidad. Valoro también a las que han permanecido en Guatemala, a pesar de todo, y siguen resistiendo los ataques orquestados desde un pacto de corruptos que no se detiene y está llevando a Guatemala al abismo.

Pienso ahora mismo en Virginia Laparra, ex jefa de la Feci en Quetzaltenango, en situación de prisión en el Mariscal Zavala, por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, caso enderezado por señores de muy dudosa reputación y trayectoria, apuntalado descaradamente desde el Ejecutivo y el MP. Es evidente que el caso contiene una serie de irregularidades, y que es una venganza que no se sostiene legalmente. Laparra sigue en prisión de manera totalmente injusta, porque desde la Feci denunció y actuó contra quienes hoy son los querellantes en el caso. Antes de ella, Leily Santizo, exmandataria de Cicig, y Siomara Sosa, exfiscal de la Feci, vivieron la misma situación.

Cuando las jóvenes me cuentan que quieren ser “licenciadas”, deseo que sea en el marco de otro sistema judicial. Uno que realmente sea la columna vertebral de la democracia y el Estado de Derecho que anhelamos. Les digo que sí, que sean abogadas, pero de las buenas, de las independientes, de las que practican la justicia basándose en principios.