Según lo establece el DRAE, quid pro quo es una locución latina que significa literalmente ‘algo a cambio de algo’. Se usa como locución nominal masculina con el sentido de ‘cosa que se recibe como compensación por la cesión de otra’.

En términos corrientes, es un buen negocio y en nuestros países —dependientes de un sistema económico alineado con los intereses de los grandes capitales— es el mecanismo perfecto para obtener el bocado más grande. Dicen con toda razón que en donde hay quien reciba el soborno, siempre habrá quien lo ofrece.

En los países subdesarrollados, cuyas normas y leyes se han diseñado para beneficio de algunos grupos muy reducidos de propietarios del gran capital, esta ha sido la palanca para financiar multimillonarias campañas políticas, propiciar incursiones bélicas y rediseñar el mapa.

De esta mancuerna entre los poderes económico y político surgen no solo las estrategias comerciales del primer mundo, sino también las tácticas puntuales para infiltrarse en las estructuras de las naciones en desarrollo con el propósito de planificar la utilización más rentable de sus recursos naturales, su mano de obra barata y sus mercados emergentes.

En otras palabras, mientras las condiciones de pobreza extrema, desigualdad, discriminación y corrupción existan de manera predominante en las naciones del tercer y cuarto mundos, las pretensiones de estas naciones en términos de igualdad de oportunidades o inserción plena en los procesos de globalización no pasarán jamás de ser fantasías de sus reducidos círculos de decisión.

En los sucesivos informes de Transparencia Internacional sobre la percepción de corrupción en los países del mundo, se puede apreciar cómo se establece, de manera evidente, la relación entre aquellas naciones cuyas compañías multinacionales pagan los sobornos y aquellas cuyos funcionarios los reciben.
Las primeras, ricas, poderosas, con democracias estables; las segundas, carentes de instituciones fuertes, con la mayoría absoluta de su población viviendo bajo la línea de la pobreza, pero con una impresionante riqueza en recursos naturales.

Esta realidad, sumada a la destrucción patente del entorno con su secuela de devastación de los ecosistemas, el robo de las aguas y la pérdida de oportunidades en las comunidades afectadas, constituye el escenario sobre el cual deberían delinearse las políticas mundiales tendentes a propiciar políticas de desarrollo.

Los informes de desarrollo humano elaborados por la ONU para mostrar un escenario más o menos aproximado de los efectos de la corrupción muestran lo que ya sabemos: una división entre bloques, una visión opuesta respecto de las prioridades —Estados poderosos evadiendo su responsabilidad en la destrucción del medioambiente y países en desarrollo exigiendo políticas más acorde con sus necesidades—, pero, en resumen, un ambiente de polarización que no ayuda a paliar el hambre ni las carencias básicas de la población mundial.

En medio, resulta patente la pérdida de soberanía de nuestros países, en donde existen leyes casuísticas cuyo propósito consiste en ocultar, justificar y otorgar impunidad a decisiones ilegítimas de gobernantes venales.

Todo ello, santificado por los Estados más poderosos cuyo respaldo a un oscuro quid pro quo, negociado por la industria mundial con corruptos locales, sumen a nuestras naciones en la miseria y el desamparo.