La espiral de involución y degradación de quienes ostentan el poder político y de quienes los respaldan parece no tener fondo. En el proceso de acorralar y someter a la ciudadanía para que no se interrumpa la lógica de saqueo y cooptación del Estado, ahora, quieren cercenar también libertades básicas de los individuos, tales como el derecho a definir la identidad y la opción sexual, y penalizar a las mujeres, para acorralarnos a todos dentro de los cánones de un pseudocristianismo fanático que ha distorsionado totalmente la esencia misma de las enseñanzas cristianas que se basan en amar y respetar al prójimo.

La ley 5272 es legislación que promueve el odio y la discriminación sexual como pautas de relacionamiento entre guatemaltecos. Esta nueva infamia fue avalada por 101 votos procedentes de los partidos políticos de la Alianza Criminal y de diputados y diputadas que, si bien en unos espacios se rasgan las vestiduras, a la hora de estos temas evitan dar la cara para defender a la ciudadanía.

Las víctimas de esta nueva atrocidad del Estado de Guatemala son principalmente las niñas, las jóvenes, las mujeres y las personas de la diversidad sexual, a quienes esa clase de gente no los considera su prójimo ni su semejante, aunque todos pertenecemos a la misma especie. Gente cuya forma de vida probablemente tampoco se ajusta a los cánones que promueven y con los que disfrazan su hipocresía.
Gente que quiere negarle el derecho de ser familia a las familias guatemaltecas cuando no se ajustan a lo que ellos definen como familia “tradicional”. ¿En qué realidad viven? ¿Qué van a hacer después? ¿Negar derechos a las familias que no se avienen a su imaginario? ¿Negar ciudadanía? ¿Volverlos esclavos?

Por si fuera poco, esta ley obliga a los médicos y médicas a denegar el principio de confidencialidad de la atención médica, convirtiéndolos en verdugos. ¿Cuántas mujeres, jóvenes y niñas, son víctimas de abuso sexual, violaciones, embarazos no deseados y violencia de género en nuestro país? Hacia ellas debería volcarse el esfuerzo legislativo y del Ejecutivo para protegerlas, prevenir estos hechos y cambiar la cultura y las conductas que propician estas formas de violencia intrafamiliar. Más bien pareciera que hay un placer sádico al satanizar y castigar a quienes son las víctimas de estas situaciones.

No se necesitan más acciones hostiles de parte del Estado en contra de la población. Exigimos, más bien, que el Estado avance en erradicar el odio, el abuso de poder y la violencia sexual como prácticas toleradas socialmente. Eso no se logra penalizando, encarcelando y estigmatizando, sino con educación, con información, con acceso a servicios y promoviendo formas de relacionamiento entre el Estado y la ciudadanía que sean respetuosas, tolerantes e incluyentes, que rompan con prácticas culturales y religiosas que conducen a la exclusión y rechazo del prójimo, que solo dañan la salud mental y corporal de las personas.

El presidente ya dijo que vetará esta ley, pero el solo hecho de que grupos antiderechos y religiosos se hayan aliado con diputados de la Alianza Criminal para aprobar semejante legislación aberrante debería tener a todos en pie y en marcha. Los fanatismos autoritarios quieren convertir a Guatemala en una fachada teocrática. La ley 5272 viola la Constitución; transgrede la separación entre iglesia y Estado y es una forma repudiable de manipular la fe y los valores religiosos de las personas para beneficio de la agenda de la infamia y la destrucción de Guatemala. Esta ley debe ser archivada. Las familias guatemaltecas, en su amplia diversidad, merecemos respeto.