Con el año preelectoral comienzan a asomarse perfiles advenedizos con aspiraciones ediles, sobre todo en apartados municipios de la provincia, zonas costeras y fronterizas, que no solo poseen extensos territorios sin presencia real del Estado, sino que se han convertido, como un secreto a voces, en áreas para el trasiego de drogas. Los síntomas son claros: obsequian víveres, medicinas y dinero en efectivo de manera ingente, sin que los recursos para tales dádivas tengan un origen claro, aunque sí un fin específico: granjearse el posible voto de pobladores que viven en condiciones de pobreza.

El truco no es nuevo ni exclusivo de Guatemala, pero sí característico y sospechoso; por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral debió haber empezado a afinar sus herramientas y a trazar las alianzas necesarias con entidades de alta capacidad para rastrear y auditar anomalías en proveniencia y flujo de fondos utilizados por políticos que en estos días se valen del pretexto del “proselitismo” para validar disimuladas giras promocionales que divulgan por redes sociales, incluso a bordo de aeronaves cuyo costo es ignoto.

Lamentablemente, en lugar de reforzar los controles, desde el inicio mismo de la actual magistratura el TSE ha despedido al personal que ya tenía experiencia y capacitación para detectar inconsistencias potencialmente delictuosas y patrones fraudulentos de atraso, dilación e inexactitud en la rendición de cuentas partidarias. En este momento ya comienzan a correr las apuestas, que bien se pueden denominar así, de grupos dedicados al trasiego de drogas, mercancías sin declarar y migrantes, que buscan contar con el paraguas de algún esbirro enclavado en una corporación edil o diputación.

Pero todo esto poco parece importarle a un TSE que a todas luces se ve más interesado en congraciarse con los partidos que definieron a sus integrantes, que en algunos casos fueron militantes o exfuncionarios gubernamentales. La principal evidencia para afirmar esta tácita colusión es la pasmosa lentitud en los procesos de cancelación, que fueron congelados con la entrada de los titulares actuales y de los cuales apenas un partido, la Unión del Cambio Nacional, ha sido cancelado en definitiva por financiamiento ilícito. El resto sigue por la vía ancha de la impunidad, con el patrocinio de la indolencia y la pasividad.

Este reclamo en manera alguna sataniza o proscribe el financiamiento de actividades políticas. Por el contrario, los aportes de afiliados y simpatizantes constituyen la base fundamental para el sostenimiento de las organizaciones representativas de ideas del Estado, la sociedad y el servicio público. Pero tales recaudos deben efectuarse con nombres y números de identificación, con montos especificados y comprobables, mediante constancias fiscales, no a través de facturitas fantasmas o recibos comprados en la librería de enfrente. Estamos en tiempos digitales y es factible pensar en sistemas digitales, biométricos y con traza bancaria para auditar los óbolos.

No están los tiempos para andarse con medias tintas o mediocridades en la rendición de cuentas. Al menos no en las entidades que aspiran, claman y solicitan a gritos el apoyo de la ciudadanía para llegar a regir los destinos de la Nación, el municipio o la legislación. Hay muchos países amigos que pueden ayudar a detectar, en poco tiempo, cualquier tipo de donación turbia, que bien puede ser fruto de la corrupción o de sobornos inmundos a cambio de prebendas en un ulterior gobierno.