Más de Q85 millones se perdieron esta semana debido al vencimiento de más de 1 millón 62 mil 412 dosis de la vacuna Sputnik V que se compraron a la compañía rusa Human Vaccine. Se teme que más biológicos caduquen en lo que resta del mes, antes de que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) logre aplicarlos.
Son diversos los factores que provocaron estas pérdidas y que han motivado a diputados del Congreso a pedir la lesividad. En principio, al momento de comprar las 16 millones de dosis, el MSPAS no fijó en el contrato las fechas límites en la que las vacunas debían ser entregadas. De tal cuenta, la empresa rusa envió grandes lotes con fechas de caducidad cercanas.
Fue el caso del millón de dosis que vencieron este lunes. Ingresaron en tres lotes el 27 y 29 de octubre, con pleno conocimiento de que caducaban en cuatro meses.
Además, el Estado compró las vacunas Sputnik sin que esta vacuna contara con todos los avales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo cual ha hecho que sectores de la población la rechacen, consideran congresistas.
“Hay que declararlo lesivo, no seguir gastando los recursos de Guatemala en estas vacunas y comprar las que sí están siendo aceptadas más por la población que son las de las demás casas farmacéuticas”, dijo la diputada Karina Paz, del Grupo Parlamentario de Oposición.
Edie Cux, de Acción Ciudadana, comenta que posiblemente declarar la lesividad del contrato no permitiría que Guatemala evada las obligaciones de pago que contrajo con el proveedor, pero al menos sí permitiría deducir responsabilidades de los funcionarios que intervinieron en estas negociaciones.
Ruta
El proceso de declarar la lesividad puede iniciar desde el MPSAS, que puede requerir un dictamen a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para recomendar la lesividad al presidente.
Posteriormente, se remitiría un proyecto de acuerdo gubernativo a la Secretaría General de la Presidencia para que se conozca en consejo de ministros y se declare la lesividad.
O bien, el trámite también podría iniciar desde la Contraloría General de Cuentas (CGC), institución que desde el año pasado tiene en marcha una auditoría especial. El subcontralor del gasto público, José Ramírez Crespín, comentó que los auditores han acudido a centros de vacunación y, al terminar la auditoría, podría requerirse a la PGN que recomiende la lesividad.
No obstante, indicó que no hay fecha límite para que culmine esta auditoría y ésta podría extenderse varios meses, pese a que la actual administración finaliza en diciembre, mes en que hay relevo de autoridades.
Sin voluntad
Yolanda Pérez Ruiz, exmagistrada de Corte de Apelaciones y exprocuradora general de la nación, explica que todas las cláusulas de un contrato deben ser coherentes y respetar la legislación vigente, pero en ese caso se ha visto cómo las autoridades del MSPAS han negado proporcionar copia del contrato a instituciones que forman parte del Estado o incluso a mismos funcionarios de esa cartera.
“El trabajo de la PGN es establecer si las cláusulas prohibitivas en ese contrato son aplicables o no para la lesividad”, explica.
No obstante, la profesional del derecho lamenta que en este momento las instituciones no gozan de independencia para hacer análisis jurídicos al respecto.
“No sé hace cuánto tiempo la PGN tiene ese expediente, pero según dijo una viceministra de salud ya lleva tiempo. Debieran tener ya un dictamen, eso es de urgencia nacional. Pero simplemente no hay independencia para trabajar con la celeridad que la situación exige”, comentó.
Edie Cux, de Acción Ciudadana, comenta que el declarar la lesividad implicaría que los funcionarios que participaron de la mala negociación asuman su responsabilidad por la pérdida millonaria de quetzales, pero coincide con que en este momento las instituciones no muestran voluntad política.
“En principio, el procurador general de la nación es nombrado por el presidente y ahí se reduce su independencia. Esto puede ser objeto de negociación, esa es la forma en cómo ha hecho política este gobierno”, dijo Cux.
Para esta nota se intentó consultar a la presidencia, pero no hubo respuesta.
El MSPAS, por medio de su oficina de comunicación social, aseguró que a través de su área jurídica analizan la posibilidad de solicitar que el contrato se declare lesivo.
“Para ello se requiere de la opinión jurídica del MSPAS y de la PGN. Con ello se traslada a Secretaría Ejecutiva y de allí a Presidencia para finamente hacer la decisión a través de un Acuerdo Gubernativo”, se informó, pero a la fecha no se ha tomado una decisión.
