El más reciente, la publicación del medio digital El Faro de una posible negociación entre el presidente Alejandro Giammattei —cuando era candidato— y el exministro de Comunicaciones José Luis Benito, en la cual el exfuncionario le habría ofrecido US$2.6 millones para financiar su campaña a cambio de que lo mantuviera en el puesto.
Pero ya otro presidente, Jimmy Morales (2016-2016), enfrentó acusaciones de manejos irregulares de fondos para la campaña cuando ganó las elecciones presidenciales de 2015.
Morales fue señalado de haber negociado, siendo secretario general del partido, aportes con varios empresarios para el pago de fiscales mesa, que no reportó al TSE, aproximadamente Q8 millones, según el señalamiento que en su momento hizo el Ministerio Público.
Aunque se planteó el retiro de la inmunidad del exmandatario, el Congreso le mantuvo el fuero en octubre del 2018.
Similar acusación enfrentó el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que habría dejado de reportar cerca de Q27 millones al TSE en la campaña electoral del 2015, cuando Sandra Torres perdió el balotaje en contra de Morales.
Torres fue detenida en 2019 por ese delito, pero recuperó su libertad a inicios de 2020 al pagar una caución económica de Q800 mil. El pasado 20 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) le retiró el cargo de financiamiento electoral no registrado.
La lista de personajes vinculados con partidos políticos no es corta. En enero del año pasado, Carlos Preciado Navarijo, en ese entonces alcalde de Ocós, San Marcos, fue detenido en Panamá señalado en EE. UU. de un caso de narcotráfico.
El sindicado es hermano de Vivian Preciado Navarijo, diputada por ese departamento y que representa al partido Unión del Cambio Nacional (UCN), organización política fundada por el excandidato presidencial Mario Estrada, quien cumple una condena de 15 años de cárcel en EE. UU., también por narcotráfico.
A estos nombres se les añaden el de varios alcaldes que han sido detenidos señalados de narcotráfico o de financiamiento electoral ilícito.
No ha habido avances
Analistas ven pocos avances en el TSE para contrarrestar el financiamiento electoral no registrado, que tiene altas probabilidades de provenir de fuentes ilícitas, aunque este afirma que se han implementado varias acciones.
Edie Cux, presidente de la organización Acción Ciudadana, expuso que desde que finalizó el anterior proceso electoral más que avances ha habido retrocesos en la fiscalización partidaria.
A su consideración, se ha debilitado la Unidad Especializada de Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos del TSE con el relevo de personal que tenía conocimiento del tema, por lo que considera que en el proceso electoral que se avecina “no va a haber transparencia en el financiamiento de los partidos”.
“Creo que estamos ante una situación de retroceso y no sorprendería ver que estos controles sean muy débiles para las próximas elecciones y que los partidos sigan con las mismas prácticas”, se lamentó Cux.
Uno de los retos que tendrá el TSE el próximo año será el que todos los partidos políticos reporten sus ingresos al sistema Cuentas Claras, comentó Fernando Ixpanel, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), ya que en el anterior proceso electoral no todas las agrupaciones lo hicieron.
En cuanto a la posibilidad de que se hagan cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), Ixpanel afirma que, aunque es una forma mediante la cual se puede hacer más rígido o flexible el régimen de financiamiento de los partidos, lo más importante es garantizar la independencia del TSE y de la unidad de fiscalización “para que las investigaciones sean independientes”.
“Se debe apuntar a eso, esa es la expectativa y lo que deberíamos demandar del ente electoral”, subrayó el analista de Asíes.
En ese sentido, Cux coincide en que por el momento no se necesitan cambios a la LEPP ya que “apenas se están implementado las reformas del 2016” y pareciera que el TSE no tiene capacidad de sancionar, pero más que por falta de cambios a la Ley, dijo, “el problema es a nivel operativo”.
Aunque cree que es urgente que se fortalezca al TSE, Cux manifestó que eso “depende de las autoridades que están al frente” de ese Tribunal, pero que a su juicio “han dado muestras de que no es prioridad fortalecer a las unidades de control ni las sanciones”.
Reformas, un peligro
El abogado y analista de la Universidad Rafael Landívar, Goyo Saavedra, refirió que el financiamiento electoral “es una debilidad que sigue pervirtiendo a todo el sistema político” y que controlarlo representa un reto “muy grande” para el TSE.
Coincidió en que no ha habido mayores avances en ese aspecto, desde que terminó el reciente proceso electoral y que actualmente no hay condiciones ni capacidad de fiscalizar el uso de recursos para campañas, sobre todo en los departamentos más lejanos y la que se pauta en redes sociales.
“El financiamiento electoral es prioritario para una democracia sana”, apuntó Saavedra. Agregó que, como en todos sistemas democráticos, puede que haga falta hacer algún cambio en la legislación, pero en el contexto actual del país es un “peligro es que las reformas no vayan a enmendar errores, sino a ser aprovechadas para eliminar controles”.
Por su parte, Jorge Benavides, investigador asociado de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), dijo que controlar el financiamiento partidario reviste especial importancia por el dinero en efectivo que genera el crimen organizado, narcotráfico y la corrupción.
“Preocupa que en esta próxima elección podamos ver más recursos provenientes de actividades ilícitas en la campaña electoral”, precisó Benavides, debido a los pocos avances que se han dado para controlar el financiamiento de las organizaciones políticas y que la reforma de la LEPP del 2016 “no generó los resultados deseados”.
Financiar un partido, incluso de forma anónima, es legítimo, añadió el investigador de Fundesa, toda vez el dinero no sea producto de actividades criminales y sea reportado al TSE. Por eso es importante limitar la recepción de dinero en efectivo para evitar el lavado.
Postura
El TSE respondió que desde el anterior proceso electoral se han tomado varias acciones para fortalecer la fiscalización y rendición de cuentas, entre estas la creación de nuevos módulos dentro del sistema Cuentas Claras, a través de los cuales los partidos deberán rendir cuentas del financiamiento público, habilitar los libros de contribuciones y financistas, así como presentar informes de campaña.
Además, informó que está en proceso una propuesta para reformar el reglamento de fiscalización, lo cual servirá para aclarar y fortalecer algunos mecanismos de control.
Diana Palencia, jefa de la Unidad Especializada en Control y Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, dijo a Prensa Libre que el TSE ha fortalecido la rendición de cuentas a través de la presentación de distintos informes que están disponibles en el sitio web de la institución, como los estados financieros, informes de campaña, y el de financiamiento público y privado de las organizaciones políticas.
“La Unidad, cuenta con el personal idóneo y profesional para desempeñar sus funciones —y— tiene los conocimientos, capacidades técnicas y herramientas necesarias, para promover y realizar la rendición de cuentas”, garantizó la funcionaria.
