En un comunicado, la CIDH “manifiesta su preocupación por recientes actos de criminalización y persecución judicial en contra de personas operadoras de justicia y exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”, por lo que urge al Estado de Guatemala a “garantizar un sistema de justicia independiente e imparcial y a proteger a las operadoras y los operadores de justicia”.
De acuerdo con el documento, “la Comisión sigue recibiendo información sobre la criminalización, denuncias penales temerarias y persecución judicial contra jueces, fiscales, exfiscales y magistradas como forma de hostigamiento, debido al trabajo de investigación o juzgamiento de estructuras criminales vinculadas con el poder político y económico, casos emblemáticos de graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado o bien, porque en su momento apoyaron la labor de la Cicig”.
El pronunciamiento de la CIDH, un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), surge en el marco de varias capturadas de exfiscales anticorrupción y la solicitud y retiro de la inmunidad de jueces independiente por parte del Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras.
Por lo anterior, la CIDH le “recuerda al Estado la obligación de proteger a las operadoras y los operadores de justicia frente a ataques, actos de intimidación, amenazas y hostigamientos e investigar a quienes cometen violaciones contra sus derechos y sancionarlos efectivamente”, puesto que, si eso no ocurre, “la actividad judicial puede ser gravemente afectada y obstruir el acceso a la justicia.
Añade que les preocupa que “estos hechos ocurran en un contexto de severos retrocesos en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala”, por lo que el Estado debe adoptar medidas inmediatas para “reafirmar la importancia que tiene la lucha contra la corrupción”. Por lo anterior “el Estado indicó que el combate a la corrupción e impunidad es un compromiso asumido por el Gobierno y por todas las instituciones a las que atañe el tema, entre ellas, el Ministerio Público.
“La Comisión Interamericana urge a Guatemala a tomar medidas para impedir que se haga uso indebido del derecho penal y de diligencias de antejuicio como forma de restringir la labor independiente de las personas operadoras de justicia. Asimismo, llama a cesar cualquier injerencia contra la independencia del Poder Judicial con el fin de garantizar una justicia independiente e imparcial propia de un Estado de derecho”, refiere el comunicado.
Casos
Entre los casos que enumera la CIDH en su pronunciamiento está la captura de Willy Racanac López y Paola Mishelle Escobar Quiñónez, auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) por el supuesto delito de abuso de autoridad, un hecho ocurrido el 16 de febrero pasado.
Agrega que, además, “se giró una orden de captura en contra de Rudy Antonio Herrera Lemus, exagente fiscal, y Aliss Noemí Morán, exauxiliar fiscal, quien el 17 de febrero se presentó ante el Juzgado Tercero Penal y se encuentra bajo prisión provisional”. Estas personas participaron en la investigación del Caso Comisiones Paralelas 2020.
Recuerda el caso de Eva Siomara Sosa, exfiscal de la Feci, quien el 15 de febrero recién pasado fue detenida luego de presentarse “voluntariamente” ante el Juzgado Tercero Penal tras conocer que existía una orden de captura en su contra.
Refiere que el 10 de febrero último “se tuvo conocimiento de la detención de Leily Santizo, exmandataria de la Cicig. Según la información, ambas se encontrarían detenidas sin que hasta la fecha se haya llevado a cabo la audiencia de primera declaración y, según lo indicado, las investigaciones serían una represalia por su trabajo”.
“Tanto Eva Siomara Sosa como Leily Santizo lideraron casos de alto impacto y anticorrupción durante el mandato de la Cicig”, refiere el pronunciamiento que agrega que “la detención de Leily Santizo también estaría relacionada con la labor que actualmente desempeña como defensora de operadores y operadoras de justicia reconocidos por su desempeño independiente”.
“La información disponible indica que las abogadas no habrían sido informadas de las acusaciones en su contra ya que el expediente se encuentra bajo reserva judicial. Al respecto, el Estado indicó que no resultaba “posible ahondar en detalles”, pero que las órdenes de aprehensión solicitadas “se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas”.
Además, menciona que el 9 de febrero recién pasado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró procedente una solicitud de antejuicio y retirar la inmunidad de Pablo Xitumul de Paz, juez de Mayor Riesgo C, al tiempo que se ordenó continuar con las diligencias de antejuicio en contra de Erika Aifán, jueza de Mayor Riesgo D, quienes son beneficiarias de medidas cautelares otorgadas por la CIDH.
“Por su parte, el Estado de Guatemala señaló que no se criminaliza a funcionarios, jueces o abogados, sino que se pretende el estricto cumplimiento de la ley y del debido proceso. Asimismo, informó que a toda persona acusada se le permite una defensa apropiada”, dice el pronunciamiento; sin embargo, la Corte señala que el antejuicio en Guatemala se está utilizando como un mecanismo de intimidación.
“Si bien el antejuicio constituye una garantía constitucional a favor de las y los operadores de justicia a fin de que no sean indebidamente sometidos a proceso penal, la CIDH ha observado que, en el contexto guatemalteco, dicho procedimiento es empleado como mecanismo para intimidar, amedrentar y/o eventualmente retirarles de sus cargos”, pero ante eso el Estado señaló que, “a través de los procedimientos establecidos en su legislación, resguarda plenamente la estabilidad en el desempeño de los cargos, así como su independencia judicial”.
Posturas
Se solicitó la postura del Gobierno de Guatemala por medio de la Presidencia y señalaron que “El Gobierno de Guatemala es respetuoso de la independencia de poderes y la institucionalidad del Estado, de esta cuenta no emitirá una postura al respecto”.
Además, se hizo la misma consulta al MP por medio del Departamento de Comunicación Social y se dijo que “respecto a las investigaciones, estas derivan de denuncias presentadas que el MP por mandato legal tiene la obligación de investigar. Siempre se actúa con imparcialidad, objetividad y apego al principio de legalidad”.
Agrega que “las órdenes de aprehensión solicitadas se basaron en indicios suficientes que el juez analizó para autorizarlas. Esto no implica una criminalización, ni venganza sino implica el estricto cumplimiento de la ley y al debido proceso”.
“Hacer cumplir la ley no puede considerarse criminalización, la justicia debe ser objetiva. El Ministerio Público debe realizar la investigación para determinar la posible comisión de un acto constitutivo de delito, ya que nadie es superior a la ley”, refirió la Fiscalía.
