Una de las justificaciones más recurrentes para los millonarios préstamos efectuados al inicio de la pandemia fue, además de la atención directa a pacientes de covid-19, la supuesta mejora y ampliación del sistema hospitalario. Hipotéticamente, al fenecer el azote del coronavirus habría nuevos centros asistenciales o, en todo caso, los de referencia quedarían con una infraestructura fortalecida. Si bien no ha terminado la emergencia sanitaria, las hospitalizaciones por esa causa se han reducido pero no se vislumbra la mejora ofrecida.

Ni siquiera acetaminofén tiene esta semana el Hospital General San Juan de Dios, según denunciaron los médicos residentes de dicho centro, el principal del país, razón por la cual se declararon en asamblea permanente como medida para llamar la atención de las autoridades de Salud, que tienen a mano la misma excusa: los concursos de compra quedan desiertos por falta de interés de proveedores. Sin embargo, esta respuesta encierra en sí misma la negligencia con que se maneja esta cartera, pues las alertas vienen desde principios de enero. Los médicos fueron paliando la situación a través de la sustitución de unos fármacos por otros, pero en este momento está todo agotado y no pueden atender a los pacientes.

La situación es crítica y no se escucha una voz gubernamental de consuelo, como si no se dimensionara o simplemente no se escuchara el llamado de auxilio: en el principal hospital del país no hay medicinas para tratar padecimientos cardíacos, respiratorios, eventos cerebrovasculares ni para atender a víctimas de accidentes o heridos por violencia. Los casos son referidos al Hospital Roosevelt, pero es una medida que no tardará en sobrecargar a esta otra entidad.

Por si fuera poco, los médicos y el personal de apoyo del Roosevelt reclaman impago de sueldos desde hace dos meses, y aún así continúan trabajando. Salta de nuevo la excusa burocrática de un supuesto problema en el sistema Guatenóminas, pero haría falta comprobar si también se han atrasado pagos a los diputados y asesores del Congreso o en otros estamentos del Estado, incluyendo a las autoridades ministeriales de Salud, para verificar si en realidad se trata de una deficiencia sistémica o de otro más de los recurrentes fallos de la cartera que literalmente marca la diferencia entre la vida y la muerte para miles de guatemaltecos.

Las desesperantes limitaciones que afrontan los dos principales nosocomios de la capital y del país contrastan con la asignación presupuestaria de Q12 mil millones, la mayor de su historia, pero que obviamente no se traduce en mejoras de abastecimiento y funcionalidad. Por otra parte, la inversión en infraestructura y en programas de salud preventiva se redujo. El Ejecutivo promocionó recientemente el avance en la construcción de un hospital en Chimaltenango, pero la obra es financiada mediante una donación de Taiwán, con lo cual el rédito publicitario se limita a la provisión del terreno y las autorizaciones, aunque es previsible que se intente vender, ya en la etapa electorera, como un logro.

Las excusas para las carencias hospitalarias salen sobrando. Las explicaciones tardías son eso: cascarones lanzados a destiempo. Los pacientes, sobre todo aquellos con padecimientos crónicos o que llegan con una emergencia en la que el tiempo es oro, tienen la vida en vilo. Nada de eso se corresponde con las promesas que hiciera el doctor Alejandro Giammattei durante su campaña en 2019.