Porras Rivera fue ligado a proceso penal desde el 28 de diciembre de 2020 ya que como propietario de la entidad comercial C.I.C falsificó documentos en una licitación pública para construir pozos en la aldea Pontenzuelas, San José del Golfo, en 2017, según informó la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP).
El 25 de enero pasado, Porras Rivera fue sentenciado a dos años de prisión conmutables en un procedimiento abreviado en el cual reconoció su responsabilidad de los hechos que se le acusaban. El cumplimiento de la pena se le suspendió con la condición de que mantenga buena conducta, informó Juan Luis Pantaleón, vocero del MP.
Sin embargo, la sentencia no lo inhabilitó para celebrar contratos con el Estado, aclaró el portavoz del MP. Por ello, entre el 31 de enero y 9 de febrero constan en Guatecompras contratos con cuatro comunas con C.I.C. que suman Q2.2 millones.
Las municipalidades son Amatitlán, Guatemala; Santa María Ixtahuatán, Santa Rosa; Escuintla, Escuintla y Acatenango, Chimaltenango, tal como consta en el portal de adquisiciones del Estado. Los trabajos consistieron en conservación y mantenimiento de plantas de tratamiento, mejoramientos de sistemas de agua, de calles y de caminos rurales.
Edgar Rivera, alcalde de Escuintla, comentó que de momento la junta de cotización de la municipalidad aprobó la adjudicación de un contrato por el mejoramiento de un callejón en la aldea Santa Rosa El Rodeo por Q898 mil.
Pero, de momento, él como jefe edil no ha aprobado lo actuado por la junta de cotización. De confirmarse la sentencia evaluarían anular el evento y lanzarían una nueva cotización para hacer el trabajo con una empresa distinta, comentó Rivera.
Mainor Orellana, alcalde de Amatitlán, dijo que no tenía conocimiento del tema. Mientras que los ediles de Santa María Ixhuatán y Acatenango no respondieron las llamadas ni mensajes.
Otros contratos
Asimismo, durante 2021, mientras Porras Rivera estaba vinculado a proceso penal, fue proveedor de diversas instituciones. Entre estas se encuentra el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda (CIV), con la que ganó dos licitaciones por Q24.5 millones por remozamientos y mantenimiento de red vial.
De igual forma, la empresa figura en el puesto diez del top de proveedores del Fondo de Desarrollo Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) por un contrato de mejoramiento de camino rural en San Juan Tecuaco, Santa Rosa que costó Q12.1 millones y le fue adjudicado en septiembre de 2021.
Al respecto, la oficina de comunicación social del Mides dijo que el evento fue adjudicado el 11 de noviembre del 2021 y en ese momento el proveedor no estaba inhabilitado para celebrar contratos públicos.
“La Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 80 regula las prohibiciones para ser contratista y en ningún apartado dice que la persona, por estar ligada a proceso, tenga prohibición, por lo que al momento en que se adjudicó el evento cumplía con todos los requisitos que la ley establece”, informaron.
El Civ, por su parte, no brindó ninguna postura.
“Fue una situación ajena a mí”
Al ser consultado, Porras Rivera reconoció que el documento que se utilizó en la licitación en la municipalidad de San José del Golfo en 2017 fue falso, pero asegura que no fue él quien lo falsificó.
“Me vi envuelto en una situación ajena a mí. Usaron un documento para participar en un evento hace años. Posteriormente se estableció que el documento había sido alterado. No por mí, sino por alguien que yo desconozco quién fue, pero yo lo usé (el documento). Yo desconocía esa situación. El MP vio que el proyecto no fue sobrevalorado. Se ejecutó y se terminó”, dijo.
Comentó que la resolución formal de la sentencia le sería notificada en marzo y no tiene prohibido celebrar contratos con el Estado.
“Pueden ver mi historial en Guatecompras. Todos mis proyectos los he ejecutado y los he terminado. No tengo procesos penales ni de mala ejecución de obras. Todo lo he terminado. Soy un hombre que cree en Dios”, expresó.
Entidades públicas deben abstenerse
María del Carmen Pelaez, investigadora de Diálogos, considera que las personas responsables de actos de corrupción no deben tener relaciones contractuales de ningún tipo con el Estado “para prevenir que vuelvan a repetirse los hechos”.
“Lo más sano para las instituciones, y para evitar que sus recursos sean dilapidados o que se dé un eventual malentendido, es evitar celebrar contratos con personas que tengan señalamientos. Es necesario que exista un sistema informático común a todas las instituciones del Estado en el cual se pueda verificar el perfil de las empresas o personas proveedoras para confirmar que no tengan casos de corrupción en marcha”, dijo Pelaez.
Recordó que en el Congreso ya se han presentado iniciativas de ley para que quienes sean condenados por delitos contra la administración pública no puedan volver a ser proveedores del Estado, pero de momento no ha prosperado ninguna iniciativa.
