Por primera vez en mucho tiempo, la semana pasada emanó una acción positiva del Congreso de la República. La aprobación de la ley de vacunación, decreto 06-2022, iniciativa que estuvo entretenida por cuatro años en ese recinto. Como hace cualquier ley específica, la ley de vacunación es un instrumento que desarrolla un marco normativo específico —valga en este caso la redundancia— respecto a un tema particular que, si bien puede estar contenido en el mandato institucional, en este caso, del MSPAS, no recibe la prioridad y/o atención suficiente por circunstancias diversas, lo que repercute negativamente en la posibilidad de lograr el impacto deseado en la población: reduciendo el riesgo y la incidencia de enfermedades infecciosas inmunoprevenibles y evitando potenciales epidemias. De allí su importancia.

Hemos visto cómo los golpes atestados a la institucionalidad del MSPAS, por ejemplo, en 2014, con la crisis de desabastecimiento, o ahora, con la pandemia, tienen efectos negativos sobre la capacidad del MSPAS para mantener sus operaciones regulares de vacunación. Esto repercute directamente en la reducción sustantiva de las coberturas vacunales, que se extienden por años más allá de la coyuntura que los causó, exponiendo a la población, en particular a la niñez y a las mujeres, a incrementos en el riesgo de enfermar y/o morir por enfermedades infecto-contagiosas que ya son totalmente prevenibles con la vacunación.

Valga resaltar que la promulgación de esta ley específica no se inventa instancias nuevas, sino refuerza el andamiaje institucional ya existente. Potencia y consolida a la Comisión Nacional de Prácticas de Inmunización —Conapi—, integrada por el Colegio de Médicos y por Asociaciones de Especialistas, entre otros, y al Programa Ampliado de Inmunizaciones del MSPAS, dotándolas de mejores condiciones para cumplir su mandato. Otro elemento sustantivo de este tipo de leyes específicas es que vinculan las acciones técnicas a realizar con la obligatoriedad de asegurar su debido y oportuno financiamiento, identificando inclusive, la fuente específica de financiación para respaldarlo. Así, constituyen la operativización, a nivel legal, del enfoque de gestión para resultados que tanto se ha insistido que debería aplicarse en una administración pública funcional y efectiva.

La tendencia a generar estas leyes específicas en distintos temas no es algo nuevo. Deviene de la necesidad de que las políticas públicas y los programas no se queden solo en el papel, sino asegurar que se implementen. Hay un cuestionamiento que se hace a este tipo de medidas, en el sentido que impone destinos predefinidos al gasto público. Sin embargo, en un país en el cual los recursos públicos terminan cada vez más siendo mal usados o sustraídos para la corrupción, se constituyen en un mecanismo para salvaguardar dichos recursos y orientarlos a su debida utilización.

La pandemia de covid-19 nos deja una importante lección en términos de la importancia que tiene reforzar la institucionalidad de salud pública para prevenir y controlar adecuadamente eventos infecciosos catastróficos y de amplio alcance poblacional. La vacunación, junto con el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el trabajo de información, educación y comunicación con las comunidades, son herramientas centrales para este cometido. Crear el marco legal adecuado para reforzar el PAI es un acierto, especialmente en las circunstancias actuales del país. Es un bálsamo poder comentar hoy, finalmente, sobre un hecho positivo y trascendente para la salud pública y el bienestar de la población. ¡Gracias a todos y todas los que han estado detrás de tan importante instrumento legislativo!