Donado explicó que le fue delegado el análisis de la minuta del contrato, sobre la cual dictaminó la legalidad correspondiente, pero nada más.
En una citación efectuada por la bancada Semilla, respondió que la Procuraduría General de la Nación (PGN) le sugirió al mandatario que se aprobara el contrato, luego de la evaluación y cumplimiento de las observaciones que se habían girado para la minuta, por lo que en base a ese análisis, el presidente lo instruyó avalarlo en la asamblea de Ferrovías, efectuada el 12 de enero pasado.
“A nosotros se nos generó la instrucción de votar de acuerdo a los análisis que se habían hecho y a la viabilidad”, expuso Donado, al agregar que la instrucción fue de parte del Ejecutivo, y al ser consultado por los parlamentarios acerca de quién exactamente provino la orden, indicó que del presidente Giammattei.
“Le manifestamos al presidente que nosotros estimamos que sí existe viabilidad legal para firmar el contrato, y el presidente dijo que si analizamos el contrato y si determinamos que legalmente es procedente y pertinente aprobar la minuta, usted lo hace”, expresó, para después entregar una copia de la carta donde el mandatario le instruye cómo actuar en la asamblea.
Donado indicó que él es el representante en Ferrovías por parte del Estado, como poseedor del 80.1% de las acciones de esa sociedad.
En febrero del 2021, la PGN se había pronunciado en contra de la minuta de contrato y emitió siete observaciones/recomendaciones. Luego de verificar que esos puntos se solventaran, en diciembre del año pasado cambió de opinión y estuvo de acuerdo con su viabilidad legal, se informó.
Las dudas persisten
Ante los cuestionamientos sobre el alcance, beneficios o perjuicios del contrato, el Procurador respondió que solo hizo el análisis del aspecto legal de la minuta, y aceptó que no examinó otros temas de fondo, como la capacidad operativa y financiera de la empresa Remed para operar un proyecto como el que se estableció.
Argumentó que ese análisis, así como lo referente a las regalías de 4.5%, era función de Ferrovías.
Los parlamentarios le recriminaron que siendo el representante del Estado como accionista mayoritario de esa empresa, no solo no hizo el análisis, sino que tampoco lo pidió a Ferrovías o al Ministerio de Economía.
A lo que el funcionario respondió que el tema financiero, como el cobro del arrendamiento (4.5% sobre ingresos brutos) se considera adecuado, pero dijo desconocer bajo cuáles términos se fijó ese porcentaje y agregó que el Ministerio de Economía “ha estado al tanto de todo eso, no me acuerdo si por escrito”. Además “tengo entendido yo, que es un proyecto que el Ministerio de Economía también pretende reactivar, independientemente del porcentaje de utilidad que se pueda tener”.
El diputado Luis Pineda cuestionó que los funcionarios que han sido citados al Congreso para responder por ese contrato “se tiran la chibolita” o dan información dispersa e incompleta ya que, el Procurador indicó que las regalías se empezarían a recibir al segundo año del contrato y otro funcionario, en una citación efectuada el miércoles 2 de febrero, indicó que al noveno año.
Agregó que mientras que el Mineco dice desconocer el tema del contrato, el Procurador dijo que esa cartera está al tanto de diversos temas como las regalías, la reactivación del tren, la inversión y la generación de empleo que derivará del mismo.
¿Contrato = Minuta?
A tres semanas de haberse aprobado el contrato en la asamblea, el Procurador agregó que aún no posee ese documento, pero aseguró que este debe ser igual a la minuta que se analizó, y que de no ser así, puede ser anulado.
Respecto al cumplimiento de ese compromiso por un plazo de 26 años, expuso que hay un cronograma y si no se cumple con este, también se da por terminado el contrato, sin responsabilidad de Ferrovías.
También surgieron dudas de parte de los diputados en torno a las invasiones en la vía férrea ya que, como se estableció la obligación a Fegua de desalojarlas, se teme que al no lograrlo, se puedan generar demandas internacionales millonarias contra el Estado, como ocurrió en el 2008.
Donado explicó que también hay otra alternativa que tiene Remed y es poder modificar el trazo de la línea férrea en las áreas que considere. Y entre otros aspectos, se tomó la decisión de renunciar al arbitraje internacional y se estableció que las controversias debían ser resueltas en juicio sumario en tribunales nacionales y no en entes del exterior.
Figura pública o privada
Donado aseguró que, aunque alrededor del 80% de las acciones son del Estado, Ferrovías es una empresa privada y hay necesidad de preguntarle sobre el contrato. Sin embargo, se hizo la consulta y se trabajó en el análisis legal.
Donado aseguró que, aunque alrededor del 80% de las acciones son del Estado, Ferrovías es una empresa privada y hay necesidad de preguntarle sobre el contrato. Sin embargo, se hizo la consulta y se trabajó en el análisis legal.
“El PGN tiene el voto del Estado con el 80% de las acciones, y prácticamente fue usted como Procurador General de la Nación, quien avaló este negocio” dijo Pineda, quien señala que hay un posible fraude de ley porque se dio bajo la figura de arrendamiento el tramo de la vía férrea del Sur pero con las características de una concesión o un usufructo.
Son $700 millones de dólares para que se usen terrenos públicos, que le pertenecen al pueblo de Guatemala, le señala la diputada @hernandezmack. El representante de @PGNguatemala dice que hizo un análisis legal, pero no si era económicamente perjudicial para Guatemala.
— Bancada Semilla (@BancadaSemilla) February 3, 2022
Según Donado, por la naturaleza de Ferrovías, no permitiría la figura de una concesión por ser esta una entidad privada (sociedad anónima), por lo que el contrato con Remed es un arrendamiento, tomando en cuenta las facultades del administrador único y de Ferrovías, de acuerdo con el contrato 402. También opina que Ferrovías no tenía por qué consultar el contenido de la minuta a la PGN.
Por qué el presidente pidió la aprobación
Al ser consultado el gobierno acerca de lo dicho por el Procurador de que el mandatario lo instruyó votar por el contrato para la rehabilitación del tren en la región Sur, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de la República (SCSPR) respondió: “Efectivamente. En materia económica, el proyecto del tren bicentenario abre oportunidades para la atracción de inversiones al país, así como la creación de fuentes directas e indirectas de empleo”.
Agregó que en materia de infraestructura, se avanza en la reactivación del sistema ferroviario, el cual es necesario en materia de comunicación y transporte terrestre y que es necesario recordar que uno de los ejes prioritarios de la administración de Gobierno es la relativa a la economía, competitividad y prosperidad, y se trabaja siempre en la búsqueda de oportunidades que le permitan al país avanzar en su desarrollo.
“La petición del Presidente para su representación ante la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, incluye también que se realizarán los análisis pertinentes del caso, lo anterior permitió al PGN garantizar que se estaban cuidando los intereses del Estado. En ese sentido, el proyecto Tren Bicentenario representaba una oportunidad económica para el desarrollo nacional y por ende se avanzó en su validación”, añadió la Secretaría al consultarle si se analizó la capacidad financiera y operativa de la empresa Remed para un proyecto de esa magnitud y por qué se pidió su aprobación.
Donado dijo que la PGN hizo un análisis legal de la minuta para el contrato, pero aceptó ante los parlamentarios que no evaluó la capacidad financiera y operativa de la empresa Remed, S. A., tampoco si el contrato era económicamente perjudicial para el país.
- El contrato entre ambas entidades fue aprobado por la asamblea de Ferrovías el 12 de enero del 2022 y firmado el 14 de ese mismo mes.
- Con el documento se otorga el derecho de rehabilitación, uso y operación de 265 kilómetros de vía férrea.
- De estos, 235 kilómetros van desde Tecún Umán (San Marcos) hasta Puerto San José y Puerto Quetzal (Escuintla) y 30 kilómetros de derecho de vía desde Retalhuleu hasta el Puerto de Champerico.
- El plazo es por 26 años y se estima una inversión de US$700 millones.
- Varios sectores cuestionan que se debió hacer una licitación o concurso público para adjudicarlo.
- Respecto al contrato que ya posee Ferrovías con la empresa Puerta del Istmo para construir y usar 1.3 kilómetros de vía férrea en Ayutla, San Marcos, el Procurados dijo que se instruyó un análisis para ver su legalidad.
