Se encuentra en proceso la elección de una nómina de seis aspirantes a ser fiscal general y asumir la jefatura del Ministerio Público, para la cual existe una convocatoria abierta a fin de que los abogados que reúnan los requisitos de experiencia, titulación, posgrados, honorabilidad y proyección social positiva presenten sus expedientes a la comisión postuladora. Varios sectores observan de manera atenta la definición de criterios de calificación, que deben ser rigurosos, para así configurar un listado final con perfiles idóneos, intachables y a la altura de las necesidades nacionales en materia de persecución del delito.

No es poco el compromiso ni reducida la expectativa que se tiene acerca del trabajo de la Comisión, sobre todo si se toma en cuenta el vergonzoso incidente protagonizado por ciertos integrantes de la postuladora de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de salas de Apelaciones, que a escondidas sostenían negociaciones con Gustavo Alejos, operador político que se encuentra bajo proceso judicial y arresto, con quien se reunían en un sanatorio. Tales encuentros, que también involucraban a diputados y magistrados en funciones, fueron develados en febrero de 2020 y ello puso en tela de juicio el ejercicio de selección. A la fecha siguen sin designarse las magistraturas y los magistrados electos por el contubernio de los extintos partidos Patriota y Líder siguen detentando los cargos.

A raíz de tan dura lección, es necesaria, ahora más que nunca, la auditoría multisectorial, pero sobre todo la atención de los ciudadanos a las acciones de la postuladora de fiscal general, no solo como inspección, sino como expresión de apoyo a las difíciles decisiones que vienen, especialmente en cuanto a la exigencia de honorabilidad.

Pudo haber ocurrido que en procesos anteriores se colaran y, peor aún, se incluyera en nómina a abogados que blasonaban títulos de doctorado inexistentes o cuyas tesis contaban con serios indicios de plagio. Mañas manidas como esas deben atajarse. No basta con leer un currículum o revisar fotocopias de constancias, hay que corroborarlas para comenzar a poner fin a esa malsana estrategia de apariencias totalmente intolerable en la conducción de instituciones del Estado.

Pero es el ciudadano que se informa, que monitorea noticias, que dialoga con sus familiares y compañeros de trabajo acerca de los asuntos públicos quien verdaderamente puede marcar ese cambio. Se debe orientar a los hijos sobre la importancia de contar con un Ministerio Público independiente, funcional, eficiente; cortes libres de interferencias politiqueras y, por supuesto, un Ejecutivo al servicio de la población, y no de rosquillas de allegados. Es ahora cuando pueden empezar a verse las negociaciones de viejas figuras con hambre de poder y abundantes argumentos demagógicos confeccionados a la medida, coreados por hordas de seguidores simulados en redes sociales, pero en el fondo vacíos y desprovistos de todo interés por el bien común.

Siempre es propicia la transformación nacional, pero hasta ahora ha podido más la indiferencia, quizá el desencanto y también la polarización inducida por los demagogos y demagogas de marras. El guatemalteco es inteligente, es perspicaz, sabe decidirse a actuar. Le mueve el amor por su familia, por sus hijos, pero no como el argumento vacío de ciertos grupúsculos que solo quieren blanquear su sepulcro. Ese amor a las futuras generaciones no es una excusa para la indiferencia, sino por el contrario, un motivo patrio para la acción coherente.