Durante la audiencia, la Fiscalía pidió ligar a proceso a los nueve señalados de haber cometido fraude, estafa propia y asociación ilícita, aunque la defensa de los implicados señaló que la sindicación es débil y no tiene indicios veraces.
Además, en la audiencia se revelaron indicios que comprometen al diputado del Congreso de la República, Jorge García Silva, cuya esposa e hijo ya enfrentan a la Justicia.
El legislador no está siendo investigado por la Fiscalía contra la Corrupción debido a que goza de derecho a antejuicio, pero los indicios que lo vinculan como líder de una estructura que desfalcó al Insivumeh se descubrieron como hallazgos inevitables, cuando se investiga a otros implicados.
Los fiscales expusieron ante la jueza Quinto Penal, Judith Secaida que las conversaciones eran de Monica Danirla Tagre Ordóñez y Marleny Gessel Diaz con el diputado.
Ellas trabajaban en una empresa vinculada a García y mantenían comunicación por chat. Ambas fueron detenidas el 5 de noviembre pasado y fueron ligadas a proceso penal.
En las conversaciones, según los fiscales, el diputado daba órdenes para pagar a proveedores y en otro de los chats descubiertos solicitó comprar una camioneta, el vehículo fue decomisado en una Casa de Campo de la familia de García Silva.
La audiencia fue suspendida y se reanudará este martes a las 8.30 horas cuando la jueza Secaida decidirá si son o no ligados a proceso penal los nueve implicados.
La trama
De acuerdo con la Fiscalía, fue una denuncia recibida el 21 de noviembre de 2020 la que alertó “que posiblemente un diputado facilitó contratos de servicios de asesoría a personas vinculadas a su partido y familiares para beneficios en la adjudicación contratando a una entidad mercantil por Q21 millones, vinculada a él y a su esposa, así como un contrato por Q1 millón 980 mil con otra entidad comercial vinculada al esposo de una asesora de la bancada de dicho diputado.
Según un cable de la agencia de noticias EFE, una investigación del diario “La Hora” detalla que la Fiscalía Contra la Corrupción indagó de oficio las compras del Insivumeh realizadas a la sociedad anónima “Outsoursing Total”, que presuntamente está vinculada al diputado Jorge García Silva del partido Prosperidad Ciudadana.
El día de las capturas, Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, informó que no se había solicitado el retiro de la inmunidad del diputado y que se analizaba presentar en los próximos días; sin embargo, luego dijo que “la Fiscalía está trabajando en ello de momento”.
La Fiscalía agrega que aprovechando las influencias políticas y de poder, entre ellas de la abogada Sabrina María Véliz Castañeda, asesora parlamentaria del bloque legislativo Prosperidad Ciudadana y asesora de la Dirección General del Insivumeh, “así como la influencia de Yeison Broderson Samayoa Velásquez, quien fungía como director general del Insivumeh (…) utilizaron sus cargos y la emergencia del covid-19, así como la integración del congresista en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, para obtener una modificación presupuestaria a través del Decreto 20-2020 del Congreso de la República”.
Añade que con esas acciones se benefició al Insivumeh con una asignación presupuestaria de Q30 millones “destinados para la compra de un radar para tecnificar la red meteorológica nacional”, un procedimiento considerado como injustificado, debido a que no es una entidad estatal “que en ese momento se encargara de velar por el combate y atención a la pandemia, ni ser una institución con servicios esenciales”.
El MP refiere que “las pesquisas revelan que se utilizaron diversas artimañas destinadas para gestionar la adjudicación de los eventos de contratación pública a las entidades mercantiles sin contar con la experiencia necesaria, las capacidades técnicas, las especialidades a fines para prestar los servicios científicos que anómalamente les fueron adjudicados, así como del incumplimiento de requisitos; sin embargo, fueron aprobadas por Samayoa Velásquez en su calidad de director general y finalmente avaladas por el entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, provocando con ello, un grave perjuicio para el patrimonio del Estado de Guatemala por la cantidad de Q.28 millones 69 mil 214.40 en nueve adjudicaciones”.
Guatemala es, según índices de organismos internacionales, uno de los seis países más corruptos de Latinoamérica.
