El semáforo covid-19 es un instrumento de monitoreo que identifica los territorios más afectados por la pandemia, a partir de una serie de parámetros preestablecidos, y monitorea los cambios que se van dando en el tiempo. Sus colores significan distintos niveles de riesgo y/o magnitud del problema, donde el verde es nulo o mínimo riesgo, y rojo, la máxima intensidad o magnitud. Es una manera comprensible de mostrar los cambios de situación con la pandemia covid-19 y debería servir para ir ajustando la estrategia de control.

Su diseño debe cuidar tres aspectos: Primero, la adecuada selección de las variables que hay que monitorear, que sean lo suficientemente sensibles para detectar la magnitud y severidad del problema; segundo, la adecuada identificación de la escala de severidad que expresan los distintos colores del semáforo; y tercero, las medidas que acompañan cada color no solo deben ser efectivas, sino que, además, deben implementarse de manera contundente. Caso contrario, el semáforo se convierte en un fetiche que vemos cambiar de color cada 15 días.

En el caso de Guatemala, se pueden identificar algunas debilidades técnicas en los puntos 1 y 2, pero el verdadero problema con el semáforo es que el tercer criterio no se cumple, por razones más ligadas a la política y los intereses particulares, así como por déficits de implementación. En términos diagnósticos es/ débil a causa de la estrategia de testeo insuficiente y profundamente inequitativa que ha imperado, que impide que muestre una imagen más fidedigna y precisa de la magnitud del problema en los distintos municipios, sea porque está subestimando la situación o porque la sobreestima. Segundo, las medidas se han aplicado arbitrariamente, a unos si y a otros no, con lo que no se logra la finalidad de controlar la pandemia. Tercero, y más importante, hay un gran divorcio entre cómo se están tomando verdaderamente las decisiones más críticas sobre la pandemia y lo que el semáforo ya señala que mínimamente se debería hacer. En esta línea, esta semana se dio el siguiente paso en la degradación de su utilidad: “Ajustar” el semáforo para legitimar decisiones previamente tomadas sobre el retorno a clases. Mineduc y el MSPAS decidieron autorizar el modelo híbrido de educación en colegios privados en territorios con semáforo en rojo, es decir, con alerta máxima de incidencia de casos y propagación del virus, cuando la situación más bien, obligaría a intensificar las medidas de aislamiento y distancia física entre personas, por lo menos mientras cede la actual escalada (cuarta ola).

Se añade al riesgo inducido por la decisión del gobierno, el nulo o precario nivel de vacunación en niños y adolescentes, y la carencia de un claro mapeo dinámico de la cobertura vacunal de cada comunidad educativa que permita a las familias estimar mejor el riesgo que implica mandar a sus hijos al colegio en estas circunstancias, recordando que los riesgos no son solo para los niños y adolescentes, sino también para los familiares y red de relaciones, especialmente adultos mayores y personas con enfermedades crónicas preexistentes, y no vacunados.

Dos años y el Mineduc sigue sin crear condiciones en los centros educativos para el retorno seguro a clases; ignoramos el estatus vacunal de las comunidades educativas y el MSPAS no ha logrado coberturas mínimas de vacunación en niños de 12-17 años; peor aún, ni siquiera ha iniciado la vacunación de la niñez que debe asistir al preescolar y la primaria. En estas condiciones de negligencia, el semáforo se “ajusta”, mientras a ustedes les piden que decidan entre proteger la salud de sus hijos o su educación.