De acuerdo con la Fiscalía, esa petición fue presentada el 25 de noviembre del año pasado, pero no se ha fijado fecha para conocerla.
“Derivado de la investigación del caso Gerencial Asunción, la Fiscalía de Asuntos Internos solicitó por medio de la Unidad de Asuntos Internacionales la formal extradición ante el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal el 25 de noviembre de 2021. El Juez contralor se excusó y remitió la solicitud a una Sala de Apelaciones, la cual está pendiente de resolver”, informó Juan Luis Pantaleón, portavoz del MP.
El 13 de septiembre de 2019, el Juzgado Undécimo Penal firmó, a solicitud del MP, la orden de captura contra Thelma Aldana, exfiscal general y jefa del MP (2014 -2018), por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para esa institución en la zona 5 de la capital por Q35 millones. Los delitos de los que se le acusan son abuso de autoridad y fraude.
La orden de aprehensión contra Aldana se justifica, porque ella, siendo la máxima autoridad del MP, debía velar por el cumplimiento de la ley, lo cual no ocurrió, dijo el fiscal Marlon Pacheco en conferencia de prensa ese 13 de septiembre.
Añadió que la compra se concretó pese a que no se cumplía con los requisitos de la Ley de Compras y que algunos hallazgos es que no hubo necesidad ni justificación previa a la compra, es decir que no se presupuestó en el Plan Anual de Compras de la Fiscalía ni hubo una requisición dentro de la institución antes de la negociación.
El bien estaba en obra gris, no tenía acabados; no tenía agua propia, tenía una hipoteca de Q10 millones y la zona no es segura para este tipo de instalaciones, se dijo.
Lo anterior quedó consignado en dictámenes de una jefa del departamento jurídico, quien fue removida del cargo. La sucesora sí dio luz verde para concretar la compra, de acuerdo con la pesquisa.
La responsabilidad de Aldana, según la Fiscalía, radicó en el hecho de que ella firmó una resolución del 27 de diciembre de 2017 donde aprueba la compra y delega a la jefa administrativa esa gestión, lo cual es ilegal.
La negociación del MP fue a través de la entidad Invermo Corp., la cual no está registrada, y estaba representada por William Balz Gallardo, por lo que la entidad Beltram, S.A. a cargo de la venta del edificio, fue utilizada como un medio anómalo para negociar el edificio, cuyo representante legal era Mynor Lobos Agustín, según las pesquisas.
Además, según una auditoría de la Contraloría, hubo una sobrevaloración de Q3.5 millones en el avalúo que hizo el Departamento de Sección de Avalúos Oficiales, del Ministerio de Finanzas.
