El caso de la jueza de mayor riesgo, Erika Aifán ha provocado un furioso enfrentamiento mediático en redes sociales, luego de que el MP planteara un antejuicio en su contra. Quienes se oponen al antejuicio sostienen que es un ataque de las fuerzas oscuras, poderes paralelos que buscan cooptar el sistema de justicia, perpetuar la corrupción y tomar control total del poder. Los que apoyan el antejuicio sostienen que la jueza ha abusado del poder judicial y es parte de la red desestabilizadora de la izquierda organizada, que también pretende cooptar el sistema de justicia. La palabra clave es cooptar y no cabe duda de que el verbo se practica con vigor; diferentes actores se organizan y esfuerzan por colocar jueces y magistrados afines a sus intereses. El caso Aifán no es el principio ni el final, es una pieza en una jugada más; no entre dos bandos, sino todos contra todos entre multitud de intereses y alianzas.

Mientras ocurre esta escaramuza toma forma el movimiento de una pieza clave, que más que pique es un medio maratón; el proceso para nominar y nombrar al próximo jefe del Ministerio Público y fiscal general, que tomaría posesión del cargo en mayo. Durante los próximos meses pueden esperarse diversos movimientos tácticos, emboscadas, distracciones, traiciones, compraventa de voluntades y despliegue de armamento mediático y jurídico por parte de los interesados. Figuran tanto pequeños actores que no aspiran más que a un buen hueso hasta caudillos políticos, gavillas de extractores del erario, bandas en los organismos de gobierno, activistas y agitadores, crimen organizado, otros diversos poderes paralelos y el mastodonte, la Embajada.

La semana pasada circuló un pronunciamiento en apoyo y solidaridad a la jueza Aifán, firmado por el cardenal Álvaro Ramazzini, obispos, decenas de sacerdotes, dirigentes y miembros de ONG, figuras públicas y protagónicos exguerrilleros. Un diario lo publicó y resumió bajo el titular “Advierten que antejuicio contra Aifán busca la toma completa del poder”. Me consta que al menos dos personas cuyos nombres aparecen en el pronunciamiento no lo conocieron de antemano ni dieron consentimiento explícito para ser incluidos. Alguna parte del comunicado, cuyo calce de firmas es encabezado por el cardenal Ramazzini, es manifiestamente verdadero y preocupante: “Guatemala tiene años de estar conmocionada por el caminar de la justicia”. Pero en el juego de fuerzas políticas e ideológicas, no es precisamente neutral.

Los firmantes del pronunciamiento se solidarizan con fiscales y jueces en el exilio y toman la postura de que su posición es la del amor y el bien. Es de esperarse que personeros de la Iglesia asuman una posición moral, pero no en temas que, en última instancia, son políticos. Hay argumentos a favor y en contra de las actuaciones de Cicig; es delicado pretender que los mártires del cristianismo están de un lado.

Es inapropiado que en un comunicado de esta naturaleza aparezcan los nombres de clérigos junto con los de particulares. ¿Se pronuncian en nombre de la Iglesia o a título personal? Dice mucho que aparecen los títulos o cargos de cardenal, obispo, sacerdote, junto con los nombres de dirigentes de ONG, activistas y dirigentes de la exguerrilla como Sandino Asturias, Daniel Pascual y Sandra Morán, de manera que estas figuras laicas están también revestidas de alguna calidad moral representativa de las fuerzas del bien. ¿Sandino y Daniel están del lado del amor? Todo apunta a que el comunicado fue organizado por clérigos; la suma de firmas le resta credibilidad y autenticidad.